Dos policías asignados a la Penitenciaría fueron detenidos con 121 balas en su poder
La Policía Nacional capturó a dos de sus uniformados tras haber corroborado una denuncia reservada de que habrían participado en un acto delictivo. A ellos les encontraron 121 balas, calibre 9mm, que no pudieron justificar.
Los policías habrían estado asignados al servicio externo de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, en el área de filtros de seguridad.
Este caso que involucra a dos uniformados en servicio activo ocurre solo días después de que la propia Policía Nacional denunció que le robaron 150 armas de su cuartel más grande en Guayaquil, sin que hasta ahora se conozca a los responsables de este "robo sistemático", como lo calificó el ministro del Interior Patricio Carrillo.
La denuncia anónima, que permitió la detención de los dos policías, sostenía que en un vehículo color negro dos personas vestidas con indumentaria de la institución habrían cometido un delito (que no se ha especificado públicamente) durante la madrugada del 18 de mayo.
Entonces la Policía desplegó un operativo de vías en el norte de Guayaquil y ubicó el automotor en el sector San Francisco, en la vía a Daule, con los dos ocupantes señalados.
Durante la inspección del vehículo, en la guantera se encontraron las 121 municiones sin percutir, 200 dólares en efectivo, dos celulares y elementos que identificaban a los ahora procesados.
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"Al no responder con claridad el motivo de la tenencia de las municiones, fueron detenidos y trasladados a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo", informó la Fiscalía.
Este caso se procesó con base en el artículo 361 del COIP, que sanciona a la persona que fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte, sin autorización correspondiente, armas de fuego o municiones.
Los policías detenidos se exponen a una pena de tres a cinco años de cárcel.
En la audiencia de flagrancia, la fiscal Marjorie Escobar presentó las municiones, el dinero en efectivo y el parte de aprehensión, así como las versiones de los detenidos, el acta de ingreso de evidencias a la cadena de custodia, incluyendo el vehículo particular en el que se trasladaban.
El juez de Garantías Penales acogió el arraigo laboral y domiciliario de los investigados y les dictó medidas cautelares a la prisión preventiva, como la prohibición de salida del país y presentación diaria (de lunes a viernes) ante la autoridad judicial.
El Magistrado convocó la audiencia de juicio directo para el próximo 6 de junio.