En casi dos años, cuatro directores de cárceles en Ecuador han sido asesinados de forma similar

María Daniela Icaza tenía a su cargo la mayor cárcel de este país, la Penitenciaría del Litoral. Era la máxima representante del Gobierno en uno de los establecimientos de rehabilitación social de más alta peligrosidad del país, en donde se han registrado violentas masacres en los últimos seis años y en cuyo interior operan las más peligrosas organizaciones delictivas.

Sin embargo, ni un solo policía la protegía. En su día a día, la funcionaria se movilizaba en un vehículo viejo, con un civil que le hacía de expreso. A ella, el Gobierno no la protegía de las mafias con las que, debido a su designación, lidiaba.

Nueve días antes del asesinato de Icaza, el responsable de otro centro de privación de libertad también fue acribillado.

Las circunstancias del hecho fueron muy similares. El vehículo en que se movilizaba Álex Guevara, el entonces director de la cárcel de Sucumbíos, fue atacado con más de 20 disparos la tarde del martes 3 de septiembre.

El cuerpo de Guevara quedó al interior del automotor, junto a él había un pasquín con amenazas de parte de uno de los grupos de delincuencia organizada a los que el Gobierno llama terroristas y con los que libra un conflicto interno armado que no los ha parado.

Otros dos funcionarios del penal, que viajaban con Guevara, resultaron heridos. Nadie los resguardaba.

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El 21 de abril, en cambio, la víctima fue Damián Parrales, director de la cárcel El Rodeo, de Manabí. Durante la jornada de votación de la consulta popular y referéndum al que convocó el presidente Daniel Noboa, precisamente para aprobar reformas que fortalezcan la lucha contra la criminalidad, Parrales recibió varios tiros en la cabeza mientras comía en una cevichería de Jipijapa.

Estaba con su esposa y otros familiares, sin custodios. Y, el 1 de diciembre de 2022, el coronel de policía en servicio pasivo, Santiago Loza, quien no llevaba ni un mes como director de la cárcel El Inca, fue asesinado.

Sicarios lo interceptaron en el sector de Gualo, al norte de Quito, cuando conducía camino al penal. La viuda denunció públicamente que Loza había solicitado seguridad al estado, pero que la respuesta que recibió es que no había presupuesto para ayudarlo.

En cada uno de estos casos, el Gobierno se ha limitado a expresar sus condolencias. a subir a cuentas oficiales en redes sociales, esquelas.

Pero sobre qué acciones se tomarán para evitar que más funcionarios penitenciarios de alto rango sean asesinados, no dice nada.

El Snai, como ya es costumbre, calla y desde la Presidencia de la República, los mensajes de tipo Tik Tok proliferan...

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