La Corte Nacional expresa preocupación por la destitución del juez Walter Macías, que llevaba un caso contra vocales del Consejo de la Judicatura

El pleno de la Corte Nacional de Justicia expresó su preocupación por la destitución de quien era juez de este tribunal, Walter Samno Macías, tras una decisión tomada por el Consejo de la Judicatura (CJ).

El máximo órgano de administración judicial señaló a través de un comunicado que la remoción de este magistrado impactaría en el sistema de justicia del país, e incidiría en la independencia judicial.

Macías tenía a su cargo el caso de tráfico de influencias contra dos vocales de la CJ, institución que lo cesó sin una mayoría de votos el pasado 19 de agosto, pues solo dos de cinco sufragaron para removerlo, siendo ellos el presidente del organismo Wilmer Terán y el vocal Xavier Muñoz.

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Los dos implicados en la investigación, Maribel Barreno y Juan Morillo, se abstuvieron, al igual que Fausto Murillo.

La Corte Nacional de Justicia dijo que respeta la potestad de juzgamiento y sanción que el Consejo de la Judicatura ostenta en el ámbito disciplinario para sancionar funcionarios judiciales, pero exige que la CJ observe absoluto respeto al debido proceso.

El Alto Tribunal mencionó que Macías tenía varios casos penales bajo su conocimiento, en los que se hallan procesadas autoridades importantes del Estado. Reiteró que "la garantía de inamovilidad y estabilidad de las y los jueces son la base para que las resoluciones judiciales sean imparciales, objetivas y motivadas".

La Judicatura defiende esta decisión

En una publicación realizada ayer, el Consejo de la Judicatura indicó que "nadie está encima sobre la ley". La institución afirmó que el pleno cumplió con la normativa, porque hubo 2 votos a favor de 3 vocales presentes para destituir a quien era juez de la Corte Nacional.

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También señaló que esta acción disciplinaria está enmarcada dentro de la legalidad. Walter Macías fue destituido porque habría incurrido en la causal del artículo 109.1 del Código Orgánico de esta función del estado, que establece “vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de las servidoras y los servidores de la Función Judicial".

Por su parte, el ex magistrado presentó una acción de protección para revertir esta decisión. Él considera que esta decisión fue inconstitucional y que hay un conflicto de interés al sacarlo del cargo a puertas de decidir si llama o no a juicio a los vocales del organismo que lo sancionó.