La Corte Nacional de Justicia solicita formalmente el pedido de extradición de Hernán Luque desde Argentina
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) solicitó formalmente la extradición desde Argentina de Hernán Luque Lecaro, exdirector de EMCO y procesado por presunta delincuencia organizada en el caso denominado Encuentro.
La entidad emitió un comunicado este martes 27 de febrero, señalando que la Corte ratificó la procedencia del pedido de extradición formulado por el juez del caso el día anterior, es decir, el lunes 26.
Ahora "corresponde a la Cancillería ecuatoriana gestionar este pedido de manera expedita", señalaron.
En la mañana de este martes, la canciller Gabriela Sommerfeld dijo en una entrevista que la Corte Nacional de Justicia aún no había realizado la diligencia correspondiente con Cancillería para proceder con la extradición.
"La Corte Nacional nos tiene que solicitar que emitamos la información sobre la petición de extradición de esa personas (Hernán Luque) hacia el Estado argentino. El Estado argentino está a la espera de la solicitud de extradición que todavía no ha sido solicitada a Cancillería", explicó Sommerfeld.
El jueves 15 de febrero la CNJ había solicitado a Argentina que mantengan detenido a Luque Lecaro.
Caso Encuentro
Hernán Luque es uno de los ocho procesados por delincuencia organizada, desde noviembre del año pasado, en el caso Encuentro. En él se investiga corrupción en empresas públicas durante el anterior gobierno. También está procesado Danilo Carrera Druet, quien cumple arresto domiciliario y es cuñado del expresidente de la República, Guillermo Lasso.
Luque fue el presidente de EMCO entre julio de 2021 y octubre de 2022.
Salió del país rumbo a Argentina en enero de 2023 en medio del escándalo por la filtración de audios en los que se le escucha hablar de montos de dinero, abrir cuentas en Andorra, venta de cargos y la entrega de contratos.
Está prófugo desde el 24 de noviembre de 2023, cuando la Fiscalía lo procesó por delincuencia organizada en el Caso Encuentro y un Juez le dictó prisión preventiva.
Según la Fiscalía, la red contaba con colaboradores en distintas instituciones públicas, como Banecuador, CNEL, el Servicio Nacional de Aduanas y FLOPEC.
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