El Comité de DD.HH. exige al Gobierno que garantice acceso de alimentos en las cárceles

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador exigió al Gobierno que garantice el acceso a la alimentación de la población carcelaria y calificó de "flagrante" el incumplimiento en la entrega de recursos para la compra de comida en varias prisiones del país.

La organización no gubernamental recordó en un comunicado que está en vigor una medida cautelar en favor de los centros penitenciarios de la Zona 1, en el norte del país, para que se garantice el acceso a la alimentación de las personas privadas de libertad.

Aseguró que, según informes de la Defensoría del Pueblo, "hay un incumplimiento flagrante" por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en la entrega de recursos para cumplir con el derecho a la alimentación que tienen los reos.

Además, dijo que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, ha promovido que las familias de los presos sean las que gestionen "donaciones de alimentos", mientras persiste un "racionamiento inhumano de alimentación".

El CDH recordó, además, que el incumplimiento de la medida cautelar en las prisiones de la Zona 1 "podría tener responsabilidades administrativas y penales".

También alertó sobre el "potencial riesgo de suspensión de restricción de alimentación en la Zona 3", que corresponde a Guayas, cuya capital es Guayaquil, y donde se concentra el mayor complejo carcelario del país, por la suspensión de pagos a la empresa contratada para proveer de alimentos en las prisiones de esa región.

"Como organismo de derechos humanos tomaremos las acciones legales respectivas para asegurar el acceso a derechos de las personas en contexto de encierro en relación a su alimentación", precisó el CDH.

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Denuncias de tortura

Insistió, además, en sus denuncias sobre supuestas acciones de tortura por parte de agentes del orden que tiene la misión de controlar las cárceles ecuatorianas, sometidas desde años a una cruel disputa de poder entre bandas criminales.

"Exhortamos a la Defensoría del Pueblo del Ecuador a cumplir de manera integral su mandato constitucional en relación a la prevención de la tortura", agregó el organismo al criticar que el Gobierno del presidente Daniel Noboa se haya empeñado en construir una polémica "mega cárcel" en Santa Elena (suroeste).

"Llamamos la atención a los organismos internacionales, tanto de cooperación como de representación diplomática a revisar los antecedentes de la construcción de la 'megacárcel'", subrayó el CDH, en referencia a la cárcel de máxima seguridad cuyas obras comenzarán en las próximas semanas, según anticipó el presidente Daniel Noboa.

De acuerdo a este organismo, existen denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos en la ejecución de esa iniciativa como el presunto "despojo de tierras comunales, destrucción de bosques primarios y, por supuesto, a un manejo presupuestario irresponsable del dinero".

"No necesitamos más prisiones en el Ecuador, necesitamos transformar las que ya existen en verdaderos espacios de rehabilitación efectiva", agregó el Comité que sospecha que detrás de la "megacárcel" hay "fines económicos y mediáticos" por parte del Gobierno.

Desde inicios de año, Noboa elevó a la categoría de "conflicto armado interno" la lucha contra las bandas del crimen organizado, a las que pasó a catalogar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, al considerarse las principales causantes del auge de violencia que vive el país.

Esta declaración vino acompañada de un estado de excepción con el que militarizó las principales cárceles del país para arrebatar a las bandas criminales el control de estos recintos, uno de los epicentros de la crisis de violencia, donde desde 2020 han sido asesinados más de 500 presos, la mayoría de ellos en una serie de masacres carcelarias entre bandas rivales.

Esa violencia también saltó a las calles en una escalada que ha llevado a Ecuador a figurar entre los países con más homicidios de Latinoamérica, al registrar una tasa de unos 45 por cada 100 000 habitantes en 2023.

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