La CIDH condena la ola violencia en Ecuador y monitorea la situación de derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron los graves hechos de violencia cometidos por el crimen organizado, en Ecuador, principalmente tras el asesinato del fiscal César Suárez.

Por eso, ambas entidades continuarán monitoreando la situación de derechos humanos. Lo indicó mediante un comunicado de prensa difundido este miércoles 17 de enero de 2024 en la página web de esa entidad. Señala que, en los últimos años, el crimen organizado ha atentado contra la seguridad y la democracia.

Una muestra es que los indicadores marcan un aumento significativo de la tasa de homicidios, el agravamiento y degradación de la violencia intracarcelaria y el recrudecimiento de la violencia política asociada al narcotráfico, que en su momento fue catalogado por la CIDH como un ataque contra la democracia y el Estado de Derecho.

Le puede interesar: Autoridades del Gobierno y la Judicatura lamentan el asesinato del fiscal César Suárez

En ese contexto, entre el 8 y 9 de enero, se reportó una nueva escalada terrorista que inició dentro de los centros de privación de libertad. En al menos seis cárceles, se dieron amotinamientos en los que 139 agentes estatales fueron tomados como rehenes.

Fuera de las cárceles, se registraron actos de violencia y explosiones, incluso una cerca de la residencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas.

Asimismo, Guayaquil resultó afectada. Hubo al menos 8 personas asesinadas y con múltiples heridas. Asimismo, un grupo armado irrumpió en las instalaciones del canal TC Televisión y amenazó de muerte a los trabajadores durante una transmisión en directo.

Le puede interesar: Diana Salazar: "los criminales y terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana"

Ante esa realidad, el Ejecutivo decretó el estado de excepción. Primero, por grave conmoción interna. Posteriormente, calificó la situación como un conflicto armado interno. Identificó grupos del crimen organizado como terroristas; y ordenó a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y el respeto a los derechos humanos. Ambos decretos están bajo control de la Corte Constitucional.

La CIDH continuará su monitoreo sobre la situación de derechos humanos durante la vigencia de estos decretos. La CIDH y RELE condenan la violencia, expresan su solidaridad con el pueblo ecuatoriano e instan al Estado a investigar, juzgar y sancionar todos los hechos con diligencia. Aseguran que es indispensable garantizar la máxima circulación posible de información. El Estado debe brindar las garantías para que las personas periodistas realicen su trabajo en condiciones de seguridad y sin temor a represalias; las autoridades están llamadas a condenar todo ataque e intimidación.

Los organismos exhortaron a la Organización de los Estados Americanos a dar especial atención a la situación de violencia generada por el crimen organizado transnacional, sus impactos en la democracia, el Estado de derecho y los grupos en situaciones históricas de vulnerabilidad.

Le puede interesar: Fiscal César Suárez sí contaba con resguardo, pero la Policía aún no se pronuncia