Caso Plaga | Un juez ordena prisión preventiva para 13 procesados por delincuencia organizada

Los sujetos habrían otorgado acciones constitucionales, de forma ilegítima, a privados de la libertad.
Fiscalía y Policía Nacional realizaron allanamientos en este caso. ()
04 abr 2024 , 21:15
Redacción

El Juez a cargo del Caso Plaga acogió el pedido de Fiscalía y ordenó prisión preventiva para 13 de los 14 procesados. Los sujetos son investigados por el presunto delito de delincuencia organizada al otorgar acciones constitucionales, de forma ilegítima, a privados de la libertad.

La medida se dictó en contra de Lenin V. y Hugo L., en calidad de organizadores; y de Franklin T., Ángel L., Byron O., Simón G., Gary P., Joffre R., Omar J., José M., José T., Hugo A., Marco C., como colaboradores del delito.

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Para María José L. C. pidió prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, debido a su estado de gestación.

La estructurada red criminal del caso Plaga

Hernán Flores, fiscal a cargo del caso, explicó en la audiencia de formulación de cargos cómo operaba y estaba estructurada la red criminal.

Describió que, entre 2022 y 2023, un grupo de abogados coordinados por Lenín Vimos y Hugo Lara captaban a presos de diferentes cárceles del país. A ellos les ofrecían gestionar acciones constitucionales que les permitan salir en libertad, a cambio de dinero para funcionarios judiciales.

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Para eso contaban con tres exintegrantes del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI): Alfredo Mejía, Omar Jarrín y José Tenen Paguay.

Ellos se encargaban de reclutar a reos con sentencia o que estaban siendo procesados por asesinato, narcotráfico, entre otros delitos.

En su relato, el fiscal agregó que, una vez en contacto con los familiares de los detenidos, los abogados acordaban el monto del soborno que se debía pagar a funcionarios judiciales de diversos cantones. Cinco eran jueces: Ángel Lindao, Simón García, Byron Orejuela, Joffre Rivera, Franklin Tenorio. Y dos secretarios de juzgados: Gary Palma y María José Lapo.

Todos ellos se encargaban de manipular los sorteos para que las acciones constitucionales caigan en manos de los jueces que integraban la red. Los magistrados, en cambio, eran quienes emitían las resoluciones para que los delincuentes vuelvan a las calles.

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También contaban con la colaboración de dos policías: Marco Coque y Hugo Arévalo. Revisaban el sistema interno de la institución para constatar que los presos no tengan otras prohibiciones y no sean detenidos luego de salir en libertad.

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