El Gobierno Nacional mueve la construcción de la cárcel de Archidona a Salinas
El Gobierno Nacional decidió este lunes 16 de diciembre no construir la cárcel de máxima seguridad en Archidona, provincia de Napo, y llevar a cabo el proyecto en la ciudad costera de Salinas. En la provincia de Santa Elena ya se edifica otra prisión de este tipo, en la comuna Juntas del Pacífico.
En un comunicado, el Ministerio de Gobierno aceptó la propuesta de la Alcaldía de Salinas que, en una carta dirigida a la Administración de Daniel Noboa, había señalado contar "con el espacio físico para la implementación de un proyecto de infraestructura penitenciaria".
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El Ministerio de Gobierno precisó que el lugar donde se levantará la prisión se definirá con las autoridades locales. Por otra parte, indicó que la cárcel de Archidona "será repotenciada".
La intención del Ejecutivo de levantar un reclusorio de máxima seguridad en Archidona derivó en dos semanas de protestas en esa jurisdicción amazónica. Las manifestaciones de rechazo al proyecto se incrementaron desde la semana pasada. El 12 de diciembre incluso hubo manifestantes que se tomaron la Gobernación de Napo.
Los habitantes de Archidona y de otras comunidades de Napo reclamaban que una nueva prisión iba a afectar el turismo.
De su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) había advertido con radicalizar las protestas si el Gobierno Nacional insistía en su proyecto, que la semana pasada fue adjudicado a la empresa a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del español Grupo Puentes, que controla la empresa estatal China Road and Bridge Corporation.
Este domingo 15 de diciembre llegaron más militares a Archidona para desalojar a los protestantes.
Cárceles como la de Bukele
El objetivo del Gobierno de Daniel Noboa es levantar dos cárceles de máxima seguridad, con un modelo que se ha comparado al de su homólogo Nayib Bukele en El Salvador.
Una primera prisión, con capacidad para más de 700 presos ya está en ejecución. El proyecto también fue rechazado por comuneros, pues, entre otros argumentos, señalaban que el lugar donde se erige el penal es una zona biodiversa, y que la construcción amenaza la existencia de animales y plantas.
Pese al rechazo, que fue menos contundente que el de Archidona, la obra avanza. Cada prisión le cuesta al Estado 52 millones de dólares.
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