El responsable de la cápsula de seguridad de Villavicencio asegura que su vida está en extrema peligrosidad
Para la tarde de este miércoles 13 de marzo estaban convocados seis policías que formaban parte de la cápsula de seguridad del candidato presidencial Fernando Villavicencio a la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el crimen, pero ninguno acudió.
El capitán Christian David Cevallos Montalvo envió una carta a esa mesa legislativa para explicar que su situación es de "extrema peligrosidad", ya que ha recibido amenazas de muerte. Por lo que no podía acudir de manera presencial. El hacerlo, dijo, ponía en riesgo su vida y la de su familia.
"Deseo expresar mi colaboración para la investigación. Sin embargo, en este momento mi interés es salvaguardar mi integridad y la de mis seres queridos", comunicó Cevallos.
Argumentos similares provinieron de los otros cinco policías.
@Vivizam25, presidente de la #ComisiónOcasional, agregó que la semana anterior tampoco asistieron los comparecientes, y se está viendo que se quiere truncar la investigación del magnicidio, ello en cuanto a la no asistencia de Christian Cevallos, integrante de la @PoliciaEcuador,... pic.twitter.com/MnsDlNBDZf
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 13, 2024
Viviana Zambrano (Construye), presidenta de la Comisión, expuso que se informó al policía Cevallos que si lo requería podían declarar la sesión como reservada y hacerlo de forma virtual.
Agregó que insistirán, por tercera vez, para que comparezcan de forma telemática.
Además, para el 18 de marzo, desde las 09:00, se prevé la comparecencia virtual del periodista Christian Zurita.
¿Por qué se creó esta Comisión?
La Comisión Ocasional busca establecer responsabilidades políticas por el crimen de Villavicencio.
Se conformó el 29 de noviembre de 2023, pero inició su trabajo con más de un mes de retraso por dificultades presupuestarias para contratar a una secretaria relatora. Por ello, las comparecencias recién empezaron en enero de este año.
Esta debía entregar un informe el 28 de febrero, pero se pidió una prórroga de 90 días, que permite la ley, para seguir recabando información.
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