Asesinato Fernando Villavicencio: la familia denuncia a Lasso y a otros funcionarios por omisión dolosa
Las autoridades Estatales deberán responder por el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto de 2023. Así lo anunció Marco Yulema, abogado de la familia Villavicencio Morales, quien dijo que presentarán una denuncia por el presunto delito de omisión dolosa.
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"El Estado Ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la presidencia de la República" aseguró Yulema este 18 de agosto. En compañía de la hermana, un tío y otros familiares directos de Villavicencio, el jurista detalló que la demanda se impondrá en contra de:
La familia no descartó llegar a instancias internacionales para esclarecer el caso y que los responsables sean sancionados.
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Motivación de la denuncia
En rueda de prensa, el jurista explicó que el Estado ecuatoriano no cumplió con su papel de garante con respecto a la seguridad y la vida de Fernando Villavicencio. Esto, aunque las entidades estatales tenían conocimiento de las amenazas de muerte que pesaban sobre el candidato, que fueron denunciadas por él mismo.
Yulema detalló que el sistema de seguridad proporcionado por el Gobierno tuvo numerosas falencias, especialmente al no considerar que Villavicencio tenía un nivel de riesgo del 97%. Además, enumeró otros errores:
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Según el informe médico legal, el candidato recibió dos balazos en la cara y uno en el cerebro cuando ingresó a la camioneta. Esto, según el abogado, confirmaría que el operativo de seguridad no fue el adecuado y reprochó las declaraciones del comandante general de Policía, Fausto Salinas, quien habló de tres anillos de seguridad.
¿Qué es la omisión dolosa?
El COIP lo recoge en su artículo 28 e indica:
"La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico, cuando se encuentra en posición de garante.
Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un riesgo que resulte determinante en la afectación de un bien jurídico".