Los militares comienzan a equiparse con armas incautadas al crimen organizado
Las Fuerzas Armadas comenzaron a recibir este lunes 28 de octubre armas que previamente habían incautado contra el crimen organizado, conforme fue aprobado en abril de este año en un referéndum, como parte de las reformas promovidas por el presidente de la República, Daniel Noboa, para fortalecer la lucha contra la criminalidad.
La entrega del armamento se realizó en una ceremonia en la Base Naval San Eduardo, en Guayaquil, con la participación del jefe de Estado, quien conminó a los militares a usar estas armas con determinación "contra nuestros verdaderos enemigos: los narcoterroristas, los delincuentes".
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El gobernante recordó que estas armas deben ser empleadas con el respaldo de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, una normativa que en Ecuador permite que policías y militares puedan a abatir a presuntos delincuentes si perciben que existe una amenaza para ellos o para la población en el momento del acto delictivo.
Anteriormente las armas incautadas por las fuerzas de seguridad del Estado debían ser destruidas, sin posibilidad de uso por parte de policías o militares.
Por su parte, el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, detalló que las armas recibidas en esta ceremonia proceden de un operativo de la Armada en Galápagos, en en noviembre del año pasado.
En aquella intervención, la fuerza naval de Ecuador interceptó una lancha cargada con 122 fusiles de asalto, 48 pistolas y 124 cargadores. Entre los fusiles incautados había de tres tipos: AK, M4, R15. La embarcación se encontraba a 277,8 kilómetros al sur de la isla San Cristóbal.
Solo la Fuerza Investigativa Anticriminal, una división de la Policía Nacional dedicada específicamente a realizar operativos contra las bandas criminales, ha incautado desde mayo 1 154 armas de fuego y 25 442 cartuchos, según el último reporte de este grupo policial.
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Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100 000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, lo que se atribuye al auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la extracción ilegal de minerales.
Desde inicios de año, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno, con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.