Caso Plaga: Fiscalía ejecutó allanamientos en cinco provincias y detuvo a un juez
La madrugada de este sábado 29 de junio de 2024, la Fiscalía General del Estado realizó cinco allanamientos en Santo Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo, Azuay, Pichincha y Guayas, como parte de las investigaciones por el caso Plaga, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, en el sistema judicial.
En Santo Domingo se hizo efectiva la orden de detención del juez de Garantías Penitenciarias, José G. H. En el sitio también se levantaron indicios, como equipos electrónicos y documentación.
En Cuenca, provincia de Azuay, el allanamiento fue en el domicilio de Javier Raúl A. B., donde se recabaron indicios como documentos, celulares y dispositivos de almacenamiento.
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En Chimborazo, la Fiscalía no especifica la ciudad, pero indica que el operativo se realizó en el inmueble del investigado Bryan Guillermo P. Z. En el lugar se encontraron documentos, celulares y otros dispositivos.
En Milagro, provincia de Guayas, el Ministerio Público notificó a la jueza de la Unidad Judicial Penal, Adriana Carolina Z. C., para la audiencia de formulación de cargos. En el lugar se encontró dinero en efectivo, un dispositivo móvil y documentos.
En Pichincha, la Policía y Fiscalía llegaron a la propiedad de Michael H., ubicada en el sector La Morita en Tumbaco, sin embargo, se encontraron con un inmueble vacío.
Caso Plaga pasó a la Corte Nacional de Justicia por el fuero de tres jueces
El Caso Plaga, que tiene en prisión a cinco exjueces de primer nivel acusados de vender sentencias para liberar delincuentes, subió a la Corte Nacional y ahora está en manos de la fiscal general, Diana Salazar.
El juez anticorrupción Wiler Choez se inhibió de seguir con la causa por que hay nuevos implicados que pertenecen a la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas y por su jerarquía deben ser procesados y juzgados por jueces superiores. Eso implica que la investigación la lidere la fiscal Diana Salazar.
El caso Plaga se destapó el pasado 3 de abril, cuando la Fiscalía hizo operativos en ocho provincias y detuvo a 14 personas.
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La tesis es que en el sistema de justicia existía un esquema para la liberación de presos, de forma irregular, a cambio de dinero o favores, que operaba desde 2022.