Caso Pampa | Un juez dispone la difusión roja para un albanés procesado y llama a juicio a 22 personas

En este caso, las autoridades investigan la existencia de una red narcodelictiva liderada por Dritan G., de nacionalidad albanesa; Mario S., de nacionalidad argentina; y, Carlos G., de nacionalidad ecuatoriana.
Fachada del Complejo Judicial Norte, en Quito.()
04 ago 2024 , 10:35
Redacción

El caso Pampa, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada, avanza con el llamado a juicio para 22 procesados. La madrugada del 5 de julio, un juez anticorrupción anunció la decisión y agregó que dispuso la difusión de alerta roja para uno de los vinculados.

Se trata de Dritan Fjika, un ciudadano albanés, lider de la mafia albanesa en ecuador, quien habría liderado una red narcodelictiva en Ecuador.

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La diligencia comenzó el 4 de agosto en el Complejo Judicial Norte, en Quito, pero fue suspendida y se reinstaló de forma telemática horas después.

El nombre de Dritan Gjika se hizo conocido por el denominado caso León de Troya, que revelaba sus nexos con el empresario asesinado Rubén Cherrez. Este proceso se fusionó con el caso Encuentro, que ubica como líder al empresario Danilo Carrera.

El caso Pampa investiga el delito de delincuencia organizada

La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, en coordinación con la Policía española, investigan la existencia de una red narcodelictiva liderada por Dritan G., de nacionalidad albanesa; Mario S., de nacionalidad argentina; y, Carlos G., de nacionalidad ecuatoriana.

La hipótesis de las autoridades es que, junto a sus familiares y círculo cercano, los implicados habrían creado varias empresas y utilizado otras ya constituidas para ocultar el origen ilícito del dinero. También fusionaron los activos ilegales provenientes del narcotráfico mediante compañías dedicadas a la exportación de productos agrícolas como banano, compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y de cannabis.

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La Fiscalía agregó que en el sistema financiero nacional se detectaron movimientos no justificados por un monto de USD 31 millones entre los años 2015 y 2024. En ese lapso, la red habría adquirido bienes muebles, como vehículos de alta gama, e inmuebles entre terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y otros. Estos se compraron en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.

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