Caso Spike | Por primera vez en Ecuador, una persona irá a prisión por el asesinato de un animal

Spike, un husky siberiano, fue ahorcado por una mujer en noviembre de 2022. Ella fue sentenciada a un año de cárcel por este delito.
Una denuncia permitió sancionar a la mujer que lo ahorcó. ()
24 jul 2024 , 15:17
Redacción y Televistazo

La justicia falló a favor de Spike, el husky siberiano, ahorcado con una soga y suspendido en un árbol, en el sector La Argelia, en el sur de Quito. El martes, 23 de julio, un tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia dejó en firme la sentencia de un año de cárcel para María Colcha Palate, quien en noviembre de 2022 mató al perro de un año y siete meses de edad.

La crueldad con la que lo hizo se viralizó en redes sociales dentro y fuera del país. El asesinato ocurrió cuando el dueño de Spike estaba fuera de la ciudad y lo dejó a cargo de un familiar.

La mascota se salió del predio, por lo que luego fue atada del cuello por Colcha y llevada hacia el árbol para enganchar la soga, halarla y asfixiarla con su peso.

Lea también: Quito: una mujer tendrá que pagar USD 6 685 en multas por maltrato animal

La necropsia determinó que Spike murió por colapso pulmonar y congestión generalizada en todos los órganos.

El caso Spike sienta un precedente

Un año y ocho meses después, el caso llegó a la Corte Nacional de Justicia, que sentó jurisprudencia y determinó que, por primera vez, una persona irá presa por la muerte de una mascota.

"Antes se veía a los animales como parte del patrimonio de las personas. Hoy, son sujetos de rechos", sostuvo Iván Saquicela, juez ponente del caso.

De acuerdo con los abogados de la sentenciada, esperarán la notificación por escrito para presentarse y cumplir con la sentencia.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una condena de seis meses a tres años de cárcel para quien ocasione la muerte de un animal de fauna urbana, según las agravantes.

Revise: Bobi, el perro más longevo del mundo, muere en Portugal a los 31 años de edad

Este es un delito de acción privada que requirió una denuncia. El juez considera que deben existir reformas y convertirlo en uno de acción pública para que intervenga, de oficio, la Fiscalía.

TAG RELACIONADOS