Quito: impasse entre Emgirs y Duragas por la ampliación del relleno sanitario de El Inga
El terreno que se ubica en el sector de El Inga tiene una extensión de más de tres hectáreas y divide a dos firmas de alto impacto ambiental. Una es la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) que gestiona al relleno sanitario de Quito y la otra es la planta de almacenamiento y envasado de gas licuado de petróleo: Duragas.
“¿Cuáles son los informes técnicos que avalen de que estas dos operaciones puedan estar tan próximas sin causar ningún riesgo al medio ambiente, la seguridad, salud de las personas, flora y fauna del sector?”, preguntó Carlos Cabezas, gerente legal de Duragas.
El terreno ya fue expropiado. Allí, la Emgirs pretende construir una celda emergente y que se prolongue la vida útil del relleno sanitario de Quito, pero el proceso se frenó porque Duragas presentó acciones legales para no continuar la obra.
“De manera irresponsable alarman a la ciudadana diciendo que existe un riesgo de explosión. Riesgo siempre hay, tanto de su empresa como la nuestra. Sin embargo hay que manejar ese riesgo y nosotros lo minimizamos a través de la captura del gas que generará energía eléctrica y los lixiviados al tratamiento”, dijo Maricruz Hernández, gerente de Emgirs.
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El relleno sanitario funciona en esa zona desde hace 20 años. Cada día llegan 2.200 toneladas de basura. Al menos 10.000 habitantes de las comunidades Itulcachi, El Inga Bajo, El Belén y Santa Ana reciben el impacto ambiental.
Yolanda Escobar es moradora del sector y esperaba que este año se concrete el cierre del relleno sanitario en este año. “Nos mienten, nos dicen que hasta el 2015 o 2020 iba a funcionar el relleno, pero entran más dirigentes y nos siguen mintiendo”.
Según los representantes de Emgirs, con la construcción de la celda emergente y el cubeto numero 11, la vida del relleno sanitario se prolongaría más de dos años y medio. El proyecto inició en 2003. Al principio se estableció que su vida útil sería de cinco años con la utilización de 20 hectáreas. Ahora un tribunal de la Corte Provincial será el encargado de resolver la disputa de las dos compañías.
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