Quito: dos exfuncionarios de la AMT, sentenciados a seis años y cuatro meses de cárcel por concusión
Dos exfuncionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) fueron detenidos por haber recibido USD 80 de un usuario, la tarde del 18 de abril de 2023. Ante eso, la Fiscalía General probó –en la audiencia de juicio– que María G. y Miguel Z. abusaron de sus cargos como operadora y fiscalizador, respectivamente, para beneficiarse de esa suma de dinero, a cambio de liberar un vehículo retenido por infringir el horario de pico y placa.
La fiscal encargada del caso explicó al Tribunal que el denunciante y su madre fueron retenidos a la altura de la Loma de Puengasí, cuando circulaban en un carro con restricción, debido a que pasaban las 16:00.
Como parte del procedimiento de rutina, los ade la AMT trasladaron el carro al patio ubicado en Quitumbe, en el sur de Quito, en donde laboraban los investigados.
El denunciante compareció al juicio como testigo de Fiscalía. En su relato, dijo que le pidieron 100 dólares para liberar el vehículo esa misma noche. De lo contrario, se quedaría los próximos cuatro días.
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Luego de hacer los pagos de matrícula y otros rubros, el joven volvió a la oficina donde se encontraban los procesados y les entregó el dinero, explicándoles que, de los 100 dólares que le pidieron, logró reunir únicamente 80.
Los exfuncionarios aceptaron y recibieron el dinero, pero –antes– la víctima sacó fotografías de los billetes. Esas imágenes fueron parte de la prueba que Fiscalía practicó en la audiencia de juicio.
El joven explicó que, ante el delito flagrante, buscó a la Policía Nacional para explicar lo que ocurrió. María G. y Miguel Z. fueron apresados en una oficina, mientras que el dinero fue encontrado en el cajón de un escritorio.
La serie de los billetes hallados en la estación de trabajo coincidieron con la del dinero fotografiado por el denunciante.
Además de los seis años y cuatro meses de cárcel, el Tribunal también les impuso el pago de 12 salarios básicos unificados, la inhabilitación para que los procesados ejerzan cargos públicos por el tiempo que dure la sentencia y que ofrezcan disculpas públicas a la AMT y a la víctima.
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