Una ordenanza municipal quiere motivar el regreso de los habitantes al Centro Histórico de Quito
Los trámites burocráticos y la falta de atención de las autoridades han ocasionado que los residentes del Centro Histórico de Quito abandones sus hogares.
"Uno no tiene el elemental derecho de entrar y salir de su casa, como cuando le peatonalizan las calles, como que las cierran para que pasen bicicletas o las marchas, la gente se cansa de vivir y se va a buscar un lugar donde, al menos, pueda llegar a su casa", contó Jhonny Núñez, morador del centro histórico.
Calcular cuántos bienes patrimoniales están en estado de deterioro se ha convertido en un desafío para las autoridades municipales. En respuesta, el Concejo Metropolitano aprobó una ordenanza para regresar la habitabilidad al casco colonial.
El concejal Emilio Uzcátegui detalló que, en toda la ciudad, son más de 500 bienes patrimoniales. La mayoría de ellas están en el Centro Histórico, así como el mayor abandono. Por eso adelantó que se harán modificaciones para que estos espacios se utilicen incluso como Airbnb.
Entre los puntos principales está disminuir los trámites para intervenir en casas patrimoniales, e incluso pueden solicitar el cambio de uso de suelo para ponerse un negocio.
Diego Garrido, edil de Quito, contó que en esta ordenanza se deja claro cuáles son los procesos administrativos al interior del Municipio, así como los procesos sancionatorios. "Se aclara también la competencia que tiene cada instancia municipal y también se ha incorporado la valoración del arte de la arquitectura moderna", añadió.
Llamados de atención y sanciones económicas
En el texto también se establecen llamados de atención para el Gobierno y entidades municipales, que tengan bienes en estado de deterioro.
Uzcátegui puso como ejemplo las piscinas del Sena y otros espacios patrimoniales que contarán con inversión pública y privada para su recuperación. Agregó que se realizará una depuración de los inventarios patrimoniales.
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Las sanciones económicas siguen siendo las mismas, y estarán a cargo de la Agencia Metropolitana de Control. En algunos casos, la destrucción de un bien patrimonial puede ser considerado un delito y el castigo será prisión.