Un nuevo esquema de sanciones por exceso velocidad en Quito

De enero a junio de 2022 se reportaron 112 fallecidos por siniestros de tránsito en Quito. En el mismo periodo del año pasado se dieron 116 y 126 en lo que va de 2024, según los registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Por eso, las autoridades municipales decidieron comenzar a sancionar con multas y cárcel a quienes no respetan los índices de velocidad y, en el primer día de operativos, siete personas fueron castigadas.

Esa medida también ha generado una ola de críticas en contra de la gestión del alcalde Pabel Muñoz López, quien en una transmisión en vivo de redes sociales que realizó ayer, 31 de julio, dijo que no está de acuerdo con que una persona sea apresada por conducir sobre los límites de velocidad. Como solución, el Burgomaestre propuso que la AMT pida, en las audiencias, que los sancionados solo realicen trabajo comunitario y no los apresen.

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Conocidos abogados han cuestionado que se detenga a los conductores. Uno de ellos fue Felipe Rodríguez:

André Benavides expresó que demandará la inconstitucionalidad:

Nuevo esquema para prevenir accidentes de tránsito y más muertes

Muñoz presentó un nuevo esquema para prevenir siniestros viales y muertes en las vías. A partir de la primera evaluación de los operativos de tránsito y escuchando las sugerencias ciudadanas, se ajustará la estrategia de prevención y control.

Explicó que las dos primeras semanas de cada mes se realizarán campañas preventivas, socialización y operativos pedagógicos sin sanción. En la tercera semana, los operativos de control y potencial sanción se centrarán en el transporte público y pesado.

Los dos últimos días de cada mes, los operativos estarán dirigidos a los autos particulares. Para estos operativos también se informará días, horas y lugares donde se realizarán.

Para evitar posibles casos de corrupción, los operativos estarán acompañados por Quito Honesto. “No le interesa a esta Municipalidad las multas, le interesa una sana convivencia entre conductores y peatones”, enfatizó.

Afirmó que una autoridad es electa para tomar decisiones, sobre todo si tienen que ver con cuidar la vida. Sin embargo, dijo que una autoridad también debe contextualizar por qué se toman esas decisiones y retroalimentarse de los comentarios ciudadanos para mejorar las decisiones que toma.

“Lo que nos interesa es que se respete la norma, que es a nivel nacional, a través de la Ley de Tránsito que ya está en vigencia unos 16 años y el Código Orgánico Integral Penal, que tiene 10 años . No es la AMT o la alcaldía la que determina la velocidad para transitar ni las multas, son las leyes nacionales”, aseveró.

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