Yunda enfrentará este mes 3 audiencias en el ámbito penal, electoral y constitucional
El alcalde de Quito en disputa, Jorge Yunda, enfrentará tres audiencias en el ámbito penal, electoral y constitucional este mes. En estas diligencias de definirá su permanencia en el cargo así como una posible sentencia privativa de libertad por peculado.
El miércoles 29 de septiembre, a las nueve de la mañana, se prevé que se instale la audiencia de juicio por posible peculado en la compra de 100.000 pruebas de detección de COVID-19.
Será una diligencia extensa que durará alrededor de un mes. Los 14 procesados presentarán cientos de testigos y pruebas documentales al igual que la Fiscalía.
Yunda tiene previsto llamar a 88 personas para que testifiquen, entre ellas a los exministros de Salud, Mauro Falconí y Juan Carlos Zevallos.
Al término de la audiencia se conocerá si el alcalde es inocente o culpable. En el segundo escenario, Yunda podría recibir una pena de hasta 13 años de prisión.
Sin embargo, el regidor tiene otras dos audiencias pendientes.
En el ámbito electoral, este jueves nueve de septiembre, a las dos de la tarde, se presentarán pruebas y alegatos ante Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por dos denuncias presentadas en contra de Yunda por no acatar la sentencia de última instancia que ratificó su remoción como alcalde de Quito. De fallar en su contra, se podría ordenar su destitución.
La otra audiencia es en la Corte Constitucional. La jueza Karla Andrade convocó a las partes para el lunes 13 de septiembre, a las 10 de la mañana para escuchar sus argumentos sobre la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Guarderas, quien también disputa la Alcaldía de Quito.
En este caso se resolverá la constitucionalidad de las decisiones tomadas por la jueza María Belén Dominguez y el tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que fallaron a favor de Yunda para que regrese al cargo.
La decisión de este organismo supremo será determinante, aunque su ejecución no será inmediata.
La jueza constitucional deberá elaborar un proyecto de sentencia que subirá a conocimiento del pleno.