Villavicencio denuncia que en la Contraloría habría operado una estructura criminal por 15 años
El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, presentó este lunes 16 de agosto una demanda en la Fiscalía en contra de los excontralores Pablo Celi y Carlos Pólit porque se presume que ambos habrían liderado una estructura de corrupción en la Contraloría General del Estado (CGE) que habría operado "en los últimos 15 años".
Villavicencio no solo acusa a Celi y a Pólit. Pide que se investigue a más de 30 funcionarios y excolaboradores de la CGE. Según el legislador, toda esta red habría sido la responsable de desaparecer informes con indicios de responsabilidad penal y desvanecer glosas, perjudicando al Estado con más de 1.000 millones de dólares.
"Son más de mil fojas de respaldo", señaló Villavicencio ante los medios. Indicó que la información presentada fue la que obtuvo la Comisión de Fiscalización durante el trámite del juicio político de Celi, quien este lunes enfrenta la interpelación en la Asamblea Nacional y decidirá si lo censura o no.
"Estamos hablando de una estructura criminal", añadió Villavicencio, quien mencionó la desaparición de un informe en contra del exfiscal Carlos Baca Mancheno que "apareció en manos del expresidente de la Asamblea José Serrano".
Sobre este último, dijo que se facilitó información a la Fiscalía por los convenios suscritos desde el entonces Ministerio del Interior (hoy Ministerio de Gobierno) cuando Serrano fue su titular (2011-2016). Villavicencio cuestiona los contratos ejecutados por esa Cartera de Estado que alcanzarían los 330 millones de dólares.
El presidente de Fiscalización asegura también que desaparecieron documentos en contra de los exministros César Navas, Homero Arellano y Luis Yépez.
Por otra lado, denunció que existen al menos 15 asambleístas de este período glosados por la CGE, entre ellos la misma presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, y el legislador Salvador Quishpe, ambos de Pachakutik.
Quishpe reconoció que tiene algunas observaciones emitidas por la CGE, incluso con indicios de responsabilidad penal, pero manifestó que fue una represalia del correísmo "utilizando la Contraloría, la Fiscalía y los jueces".
Otro asambleísta glosado, según Villavicencio, es Pabel Muñoz (UNES) por presuntas irregularidades en la utilización de un avión de Tame, una empresa en liquidación.
"Hemos presentado nuestros argumentos. La Contraloría se excedió, puso una glosa sin ningún fundamento", respondió Muñoz.
Cabe recordar que Celi enfrenta actualmente otro proceso penal por presunta delincuencia organizada y Pólit es prófugo de la justicia.