UNES busca la censura y destitución del procurador general del Estado
El bloque legislativo de UNES presentó este lunes 4 de octubre una solicitud de juicio político, buscando la censura y destitución, del procurador general del Estado, Iñigo Salvador, por supuesto incumplimiento de funciones y por no defender el interés nacional en demandas contra el Estado.
El legislador Ferdinan Álvarez, al entregar su solicitud en la secretaría de la Asamblea Nacional, explicó que el juicio político se ha planteado debido a que, en demandas contra el Estado, Salvador, "en lugar de defender los intereses del país, se limitó a decir que se debía pagar a las empresas internacionales".
Esa postura, según Álvarez, habría dado paso a "decisiones que han repercutido negativamente en la disponibilidad de recursos que pudieron servir para construir escuelas, hospitales y generar empleo".
Salvador "ha fallado a los ecuatorianos y a la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado (PGE)", agregó el denunciante y dijo que en el caso de una demanda internacional interpuesta por la petrolera Perenco, el procurador se adelantó a manifestar que el Estado ecuatoriano debía pagar y cumplir con esa obligación.
En septiembre de 2019, la francesa Perenco había obtenido un fallo a su favor por parte de un comité arbitral constituido en el ámbito del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial.
El fallo obligó a Ecuador a pagar una indemnización por 374 millones de dólares en favor de la petrolera francesa, por una norma que aumentaba la participación del Estado en un contrato para la explotación de dos campos petroleros en la Amazonía.
Salvador ofrecerá este martes 5 de octubre, a las 10:00, una rueda de prensa con respecto a esta solicitud de juicio político.
- Otro pedido de juicio político -
Desde Pachakutik también se plantea enjuiciar políticamente al superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, a quien se lo responsabiliza por la falta de control en las millonarias inversiones irregulares del Instituto de Seguridad Social de la Policia Nacional (Isspol).
Según esta última institución, existe un perjuicio de 800 millones de dólares a través de diferentes casas de valores y empresas.
Este caso es investigado por la Fiscalía y varios implicados tienen orden de detención.