Tras cumplirse 100 días, varios escándalos de corrupción ya empañan la Asamblea
En al Asamblea Nacional, varios son los escándalos en los que se ha visto envuelto el legislativo, y algunos de ellos señalan incluso a sus principales figuras. Grupos ciudadanos piden mejorar los procesos de selección de candidatos dentro de los partidos, entre otros requerimientos.
Apenas transcurrían los primeros meses de posesionadas las autoridades en la Asamblea y una denuncia empañaba las promesas de legislar con transparencia. Bruno Segovia de Pachakutik señalaba a la presidenta Guadalupe Llori de haber abierto un proceso de compra de seis vehículos de alta gama, cada uno costaría alrededor de 60 mil dólares , esto a pesar de la fragilidad económica por la que atraviesa el organismo.
Días después una nueva polémica los alcanzaba, la asambleísta de Pachakutik, Rosa Cerda, durante un mitin político en la provincia de Napo, hacía un exhorto a sus compañeros. “Si van a robar, roben bien”, expresiones que semanas después le costaron una suspensión de ocho días sin sueldo.
Pero las cosas no terminaron allí, al cumplirse 100 días de su posesión, la Asamblea nuevamente se convertía en el centro de la noticia. Una serie de revelaciones señalan a sus legisladores, una de ellas, Bella Jiménez, quien fue acusada de supuestamente haber recibido dinero a cambio de cargos públicos y de tener injerencia en otras entidades estatales.
En la misma semana un asesor del legislador Darwin Pereira era acusado de gestionar cargos en varias instituciones, Pereira aseguraba que no tiene control de las acciones de sus trabajadores.
También al asambleísta Elías Jachero se lo señala de supuestos compromisos para gestionar puestos.
Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, responsabiliza de estas acciones a los partidos y movimientos políticos. Considera que lo que queda desde la ciudadanía durante estos cuatro años es ejercer más control social.
Desde el Ejecutivo aún no hay un pronunciamiento por esta serie de hechos que en 4 meses ya le cuestan la credibilidad a uno de los poderes del Estado.