El pedido de medidas cautelares solicitado por México contra Ecuador fue rechazado

A las 08:00 de este jueves 23 de mayo de 2024 se instaló la Corte Internacional de Justicia (CIJ, máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas). Se pronunció respecto al pedido de medidas cautelares presentado por México contra Ecuador. Esto por la invasión de su embajada en Quito, registrada el 5 de abril del presente año, para detener al exvicepresidente Jorge Glas Espinel.

Esta audiencia se instaló en el Palacio de la Paz de La Haya, sede de la Corte y asistieron los representantes de México y Ecuador. La sesión fue dirigida por Nawaf Salam, presidente del Tribunal. Al principio se dio lectura a las alegaciones de ambos países.

Durante la audiencia, Salam expuso la resolución. El pedido de medidas cautelares solicitado por México contra Ecuador fue rechazado. La decisión fue tomada por unanimidad.

La (CIJ) no consideró que haya “urgencia” o un “riesgo real e inminente” que requiera emitir las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador en respuesta al asalto de su embajada en Quito, aunque enfatizó “la importancia fundamental” de respetar la Convención de Viena.

El máximo tribunal de la ONU decidió que “las circunstancias tal y como son presentadas ante la Corte no son tales como para requerir el ejercicio de su poder” para indicar medidas cautelares contra el Gobierno ecuatoriano por asaltar la Embajada mexicana en Quito y detener a Glas.

No obstante, destacó “la importancia fundamental del principio consagrado” en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en un fallo que se produce en una fase provisional del caso, cuando el tribunal no ha entrado aún en el fondo del procedimiento legal contra Ecuador.

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Los antecedentes

México inició procedimientos ante la CIJ el 11 de abril argumentando la existencia de una disputa centrada en “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática”, pero, antes de entrar a deliberar en el caso, México consideró necesario que la CIJ emita medidas cautelares.

Entre ellas, solicitó exigir al gobierno ecuatoriano “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”, y que “despeje” los edificios diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos en Ecuador.

En respuesta a esta solicitud, la CIJ celebró el 30 de abril y 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de ambos países. El Gobierno de México acusó entonces a Ecuador de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional” y de crear “un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional”.

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Además, acusó a Ecuador de “negligencia deliberada” hacia las vidas de las personas que estaban en el recinto y señaló que esta incursión “muestra claramente la falta de respeto de Ecuador hacia las normas fundamentales, aceptadas universalmente y que existen desde hace tiempo”.

En su turno de palabra, Ecuador defendió que el asalto a la embajada mexicana fue un acto “excepcional” y subrayó que el político ecuatoriano ha sido “debidamente condenado” por delitos relacionados con corrupción.

“México utilizó erróneamente durante meses su sede diplomática en Quito para dar refugio a un criminal común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones por los más altos tribunales de Ecuador de graves delitos relacionados con la corrupción”, defendió el embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán.

Sobre el exvicepresidente Glas pesaba una orden de detención por malversación de fondos públicos e ingreso en prisión preventiva por caso de obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto ocurrido en 2016.

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