René Zúñiga, secretario de la Vicepresidencia, dijo que no hubo injerencia de familiares de Abad para manejar cargos
En la Vicepresidencia de la República se realizó hoy, lunes 25 de marzo de 2024, una rueda de prensa para aclarar todo lo que ha pasado tras las investigaciones del caso Nene y la detención de Francisco Barreiro, hijo de la segunda mandataria Verónica Abad Rojas, quien es investigado por supuesto tráfico de influencias en la Vicepresidencia.
Según la teoría del caso, Barreiro y otra persona, que labora como asesor vicepresidencial, solicitaron 1 700 dólares mensuales a un tercero a cambio de que ocupe la Coordinación de Comunicación. El hecho ocurrió en noviembre, cuando Verónica Abad asumió la vicepresidencia tras la segunda vuelta de los comicios anticipados.
Intervino René Zúñiga Tamayo, secretario General de esa entidad. Dijo que la Vicepresidencia está dispuesta a colaborar en las investigaciones del caso para que se conozca la realidad. Además, ningún funcionario tiene salarios superiores a los USD 3 000. Expresó que las instalaciones de esa dependencia, ubicadas en el Centro Histórico de Quito, jamás han sido allanadas y tampoco es parte procesal de las investigaciones. "Los funcionarios de aquí nos enteramos por las noticias y la prensa".
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Aclaró que jamás se detectó la injerencia de familiares de Abad en la Vicepresidencia para manejar cargos. "Nuestro trabajo es técnico". Siempre se ha tomado en cuenta la experiencia y experticia para los puestos de trabajo. "Jamás hubo presiones".
Como parte de las invetigaciones, la Fiscalía ha reiterado que Barreiro es investigado así como un exfuncionario. "En ese sentido, Rommel C. fue funcionario de esta institución y estuvo previo a mi gestión que inició el 2 de febrero de este año. Sin embargo, mi vinculación se hizo en el marco la reestructura en la Vicepresidencia en torno a las nuevas disposiciones mediante decreto presidencial".
A Rommel C., quien trabajaba desde el 24 de noviembre de 2023, se le notificó y desde esa fecha inicia la reestructuraación de la Presidencia. En febrero, se aprobó la nueva estrucutura y uno de los requisitos fue cesar en funciones a cargos jerárquicos para reducir el organigrama.
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