Las reformas legales se destacan por un pronunciado aumento de penas

Las reformas legales enviadas por el Presidente a la Asamblea para viabilizar la pregunta dos de la Consulta Popular, que consiguió el 67% del respaldo ciudadano, se caracterizan por un pronunciado aumento de penas.

De hecho, esa era la intención para delitos como terrorismo y su financiamiento, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, entre otros.

El terrorismo estaba castigado con una pena de 10 a 13 años de cárcel. En las reformas, el presidente Noboa propone un aumento de 19 a 22 años. La pena llega a 30 años si se produce la muerte de una o más personas.

Financiar el terrorismo, que consta el artículo 367 del COIP, está penado con 7 a 10 años de prisión. El ejecutivo ahora propone de 22 a 26 años.

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De 7 a 10 años de cárcel enfrentan aquellos que producen drogas ilícitas. En el texto se propone un aumento de 13 a 16 años de prisión.

El asesinato, que actualmente se castiga con 22 y 26 años de cárcel, pasa en la reforma que ahora tiene la Asamblea a penas entre 26 y 30 años.

También el sicariato, que tiene una pena máxima de 26 años, aumenta a 30 años de cárcel.

Ahora las reformas para ejecutar los resultados de la Consulta Popular están en manos de la Asamblea y debe tramitarlas en un plazo de 60 días.