El Ministerio de Educación dio marcha atrás a la salida de rectora de un colegio de Olón, que rechazó el proyecto de Vinazin S.A.

Jenny Yagual, rectora que firmó carta de rechazo al proyecto inmobiliario de Vinazin S.A. en Olón, había sido removida de su cargo. Sin embargo, el Ministerio de Educación indicó que fue reincorporada, tras detectar errores de procedimiento de funcionarios.
Imagen de una persona protestando en contra del proyecto inmobiliario()
15 may 2024 , 16:49
Redacción

La salida de Jenny Yagual de la rectoría de la Unidad Emiliano Crespo Toral, ubicada en Santa Elena, provocó la reacción de varios ciudadanos, dado que ella fue una de las firmantes de la carta de la comuna Olón que rechazó el proyecto inmobiliario de Vinazin S.A. en su territorio, que actualmente está suspendido.

Se había relacionado que su remoción se debió a su postura contraria a la empresa, cuya accionista mayoritaria es Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. La asambleísta correísta Jahiren Noriega comunicó que hizo un pedido de información al Ministerio de Educación sobre este suceso.

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La dirección distrital de esta Cartera de Estado había aclarado a un medio de comunicación que Yagual fue reubicada en otra escuela, porque es una práctica común que los rectores cada dos años vuelvan al cargo donde antes laboraban.

Sin embargo, María Belén Palacios, subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo del Ministerio de Educación, aclaró en X (antes Twitter) que se ha procedido a reincorporar a la docente, ante errores de procedimiento.

Explicó que la renovación de autoridades de las instituciones educativas es un proceso regular que se encuentra normado, es continuo y responde al cumplimiento del plazo por el cual esa autoridad fue designada.

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Pero, que en este caso, el personal de distrito no cumplió con el procedimiento establecido, esto es, incluir en la planificación institucional y conformar una terna. Tampoco contó con la autorización de una autoridad de rango superior.

Palacios apuntó que se iniciaron las acciones administrativas correspondientes para determinar las sanciones por errores u omisiones de los responsables de estos procesos.

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