Caso Reconstrucción de Manabí: Defensa de Jorge Glas pide salida de cárcel por trastorno mental

La defensa del exvicepresidente Jorge Glas Espinel pidió, mientras exponía causas para anular el caso Reconstrucción de Manabí, que se aplique el artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal: que una persona con trastornos mentales sea internado en un establecimiento.

El abogado Andrés Villegas afirmó que Glas ha sido torturado como consecuencia de ser capturado en la Embajada de México en Quito, lo que tuvo como consecuencia que sea recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. Esto, según el defensor, ha resultado que Glas tenga trastornos psiquiátricos.

Villegas solicitó que Glas salga de la prisión para ser trasladado a un hospital psiquiátrico, aplicando ese artículo de la ley, que también refiere que una persona con trastorno mental no sea pueda ser encontrada responsable de un delito (inimputabilidad).

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Además, expuso que el caso Reconstrucción de Manabí, que investiga el delito de peculado, debe anularse porque Glas fue detenido en la embajada de México sin el permiso del país norteamericano, rompiéndose así normas de derecho internacional. Esto ocurrió durante la audiencia de preparación y evaluatoria de juicio instalada este viernes 20 de diciembre.

También apuntó que la Fiscalía no contó con un índice de responsabilidad penal (IRP) de la Contraloría General para iniciar este proceso y que la Asamblea Nacional debía aprobar este procesamiento, pues los hechos se dieron cuando Glas aún era vicepresidente.

Pese a las afirmaciones de que Glas sufre de trastornos psiquiátricos, el exvicepresidente correísta tuvo una intervención de cerca de 10 minutos en donde dio su criterio de por qué el caso Reconstrucción de Manabí debe anularse.

Comenzó diciendo que hubo un "influjo psíquico hacia el pasado" porque el Comité de Reconstrucción de Manabí de 2016 priorizó proyectos que ya estaban contratados y ejecutados, sin tener nada que ver con obras que se ejecutaron hasta dos años después.

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"Priorizar no es igual que peculado", señaló. Además, indicó que entre las funciones del organismo no estaba asignar fondos, cuestión que solo le competía al Ministerio de Finanzas de esa época.

"El Ministerio de Finanzas, que no está en este proceso, no ha sido vinculado, no ha sido investigado. Ojo, no estoy diciendo que ninguno de los acusados hayan cometido algún delito, porque todos han cumplido con su trabajo", expresó.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado y la Procuradoría General solicitaron al juez que declaron todo el proceso como válido. El juez suspendió momentáneamente la audiencia y la reinstalará a las 14:30 de este viernes, para la intervención del fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016.