¿Por qué el Ejecutivo desistió de consultar sobre la elección de asambleístas en segunda vuelta?

El presidente de la República, Guillermo Lasso, consideraba "fundamental" incluir en la consulta popular una pregunta para que la ciudadanía decida realizar la elección de asambleístas en la segunda vuelta presidencial y no en la primera, como se hace actualmente, pero finalmente este tema no fue puesto a consideración del control de la Corte Constitucional.

Aquella era una idea complementaria a la consulta sobre reducir el número de legisladores a partir del próximo periodo, algo que la Corte ya calificó y que por lo tanto sí estará en la papeleta.

Otro tema que también era clave para Lasso era la contratación por horas con el objetivo de brindar mayores oportunidades de empleo a los ecuatorianos, pero este tema tampoco fue presentado por el Ejecutivo.

La asesora jurídica de la Presidencia, Karen Sichel, lo explicó la mañana de este martes, 15 de noviembre, en el programa Contacto Directo de Ecuavisa.

"La razón por la que se descartó la pregunta de la elección de legisladores en segunda vuelta es que el equipo técnico buscó evidencia de la implementación de esta política pública y lo que encontramos es que este tipo de mecanismos, en democracias frágiles, solo llevan a la inestabilidad política".

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El equipo técnico jurídico le hizo entender a Lasso que, aunque la propuesta suena bien -dentro de un contexto en que el Ejecutivo siente que la Asamblea solo lo bloquea y desestabiliza- en realidad ese remedio resultaría peor que la enfermedad.

"La razón es que en la segunda vuelta se condensan las fuerzas políticas, los interlocutores se reducen (a dos partidos que disputarían la Presidencia) y el efecto que se produce es que hay menos espacio (en la Asamblea) para el diálogo y la negociación".

El voto en plancha, habitual entre los ecuatorianos, haría que los dos candidatos presidenciales arrastren a un gran número de escaños a la Asamblea, con lo cual esta se dividiría solo en dos grandes bloques, con menos representatividad de las minorías, y en ese caso habría dos escenarios que el Ejecutivo no quiere para el futuro del país.

Uno es que el nuevo Gobierno logre un importante número de escaños y con ello tenga a su disposición una 'aplanadora' en la Asamblea, volviéndose una 'extensión' de lo que diga el Ejecutivo, como ya ocurrió en el pasado.

Y el otro escenario es que gane un presidente que no tenga la mayoría de votos en la Asamblea, sino que su opositor concentre el mayor bloque parlamentario y con eso quedaría expuesto al bloqueo y desestabilización de la cual se queja Lasso actualmente.

"En las democracias frágiles, la elección de asambleístas en segunda vuelta conlleva a una mayor inestabilidad y eso sería contrario a lo que buscábamos, por eso no se presentó esa pregunta", resumió Karen Sichel, quien dijo que ese mismo análisis, sobre cómo se aplicarían los cambios propuestos, se hizo con todas las preguntas.

De momento, la Corte Constitucional ya ha aprobado 8 preguntas para reformar la Carta Magna, pero aún están en análisis tres preguntas de consulta popular que entregó el Ejecutivo, entre esas, una que busca promover el empleo de personas mayores de 45 años, brindando un incentivo tributario.

"Esto se propuso porque se analizó que este es el grupo etario que más sufre de desempleo en el país", comentó la asesora jurídica de la Presidencia.

Sichel dijo que el Gobierno reconoce que en Ecuador "los jóvenes tienen una barrera para ingresar a la vida laboral", pero una vez que ingresan -acotó- ellos tienen mayor estabilidad.

"El problema con los mayores de 45 años desempleados es que son menos competitivos que los jóvenes y entonces tienen una doble barrera para incorporarse a un trabajo".

Actualmente la legislación ya contempla incentivos para que las empresas contraten a jóvenes, por eso el Ejecutivo decidió priorizar esta vez al grupo de adultos.

Los mayores a 45 años, según el análisis del Ejecutivo, "no solo tienen barreras para ingresar, sino también para mantenerse en su empleo y una vez que están fuera del mercado laboral se encuentran con muchos más obstáculos para volver a ingresar".

¿Y qué pasó con la propuesta del trabajo por horas?

Sichel explicó que la Corte podía analizarlo como una restricción de derechos y era muy probable que permitiera enmendar la constitución de esa forma.

"Es un sinsentido que la Constitución prohíba la contratación por horas, pero nos guste o no, tenemos que someternos a lo que dice esa Constitución aprobada en Montecristi con mucha carga ideológica".

Sichel aseguró que las preguntas que no se presentaron ante la Corte Constitucional se enviarán como propuestas de reformas de leyes a la Asamblea, que debe tratar sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el fortalecimiento de la seguridad interna del país, como lo resolvió la Corte al no dar paso a este planteamiento inicial.

Este tema pondrá a prueba, una vez más, la tensa relación entre el Ejecutivo y la Asamblea.

"Uno de los temas más rescatables de la consulta es que va a permitir un debate, que los ecuatorianos se pronuncien y comiencen a demandar acciones de sus gobernantes, no solo del Ejecutivo, sino también de la Asamblea", considera Sichel.

Para ella, "esta es una oportunidad que tiene el país para exigirle a la Asamblea Nacional resultados reales en temas de seguridad". Sobre la pretendida reforma del rol de las FF.AA., al Ejecutivo solo le queda cumplir lo dictaminado por la Corte Constitucional, que es tramitar su propuesta vía Asamblea.

En ese sentido, Sichel demanda de los congresistas acciones por el bien del país, no por intereses partidarios.

"No puede ser que los asambleístas vivan en un mundo ajeno al que viven los ecuatorianos, como los actos terroristas" de inicios de noviembre.

"Ellos tienen la capacidad de hacer leyes, de reformarlas, pero en vez de hacer eso, se reúnen para ver la posibilidad de destituir al Presidente. Eso refleja qué tan desapegada está la Asamblea de la realidad de los ecuatorianos".

La Corte Constitucional tiene 20 días desde la semana anterior para analizar las tres últimas preguntas enviadas y como la jueza ponente ya avocó conocimiento, el plazo ya empezó a correr, explicó la asesora jurídica de la Presidencia.

"Consideramos que si la Corte nos entrega una respuesta hasta los primeros días de diciembre, el CNE podría convocar inmediatamente a elecciones y así llegaremos a unir la consulta popular con las elecciones seccionales, que es precisamente lo que buscamos para evitarle un gasto innecesario a los ecuatorianos".

Vocales del CNE han dicho que necesitan las preguntas hasta el 22 de noviembre para cuadrar los plazos que pretende el Gobierno.

Pero Sichel dijo que el Código de la Democracia le otorga al CNE un plazo de 15 días, "que es un plazo máximo, no mínimo", para convocar a los ecuatorianos a las urnas.

"Esperamos que el CNE, cuando reciba los decretos de referéndum y de consulta popular, actúe de forma inmediata para que los plazos cuadren".