Poder judicial pide a la Corte Constitucional que revise los alcances del habeas corpus

Pasadas las 14:00 de este domingo 24 de abril del 2022 concluyó el diálogo por la defensa del estado de derecho entre el presidente Guillermo Lasso, la fiscal Diana Salazar y los presidentes del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, Fausto Murillo e Iván Saquicela, respectivamente.

La reunión comenzó a las 10:00 en las instalaciones de la Gobernación del Guayas y fue convocada por el Primer Mandatario para analizar las decisiones adoptadas en los últimos días por jueces que han favorecido a personas sentenciadas por diferentes delitos.

Al final del encuentro, Saquicela manifestó que la corrupción es preocupante. “Indigna a los ciudadanos ecuatorianos que el crimen organizado pretende meterse en la propia justicia (...) La independencia judicial no significa una patente para que haya impunidad, eso el país no lo va a permitir”.

A su juicio, la Corte Constitucional debería revisar algunas decisiones que se han adoptado sobre la acción habeas corpus. “Es una institución importante para la garantía de los derechos, pero penosamente esta institución es abusada. Por lo tanto, hemos decidido con Fausto Murillo y como resultado de la reunión con el presidente de la República, dirigir un pedido a la CC en términos muy concretos”.

En una carta dirigida a Alí Lozada, presidente de la CC, Murillo y Saquicela hacen tres pedidos:

1. Aclarar, por vía jurisprudencial, el alcance del habeas corpus y delimitar su aplicación para eliminar elementos discrecionales que den paso al abuso de esa figura constitucional.

2. Revertir el precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales sobre garantías constitucionales.

3. Revisar los límites a las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura, en particular restituyendo la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta.

El pedido lo hicieron –acotaron los funcionarios- en el marco del Derecho que recoge la preocupación e indignación ciudadana frente a una situación que pone en peligro la institucionalidad, la seguridad y los derechos de los ecuatorianos.

Para Saquicela y Murillo, el habeas corpus es una valiosa institución jurídica que no puede ser pervertida en un instrumento para la impunidad del narcotráfico, la corrupción y el crimen.

Murillo añadió que es imperativo que al Consejo de la Judicatura se le restituya la potestad de actuar de oficio; es decir, que pueda iniciar sumarios de cuando se presenten infracciones, especialmente las de negligencia manifiesta. “Que la Judicatura pueda, sin esperar una denuncia o una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios. Solo así se puede combatir directamente los actos de corrupción y el sesgo jurídido que hoy ve el país en algunos casos concretos en garantías jurisdiccionales".

Hizo un llamado a los jueces de cortes superiores y tribunales de alzada, incluso a la Corte Nacional de Justicia, para que ejerzan su potestad disciplinaria en el campo que corresponda. Se trata de la facultad correctiva que tiene un juez superior frente a la actuación de otro inferior. Así se podrá ejercer, con el órgano administrativo, la potestad sancionadora.

Guillermo Lasso manifestó que la independencia de poderes es una de las causas por las que él siempre ha luchado. No obstante, eso no quiere decir que sea indiferente ante lo que está sucediendo en el país.

“Ni el presidente ni nadie debe politizar, pero tampoco puede un Jefe de Estado permanecer indiferente ante situaciones que propagan el miedo y la indignación en la colectividad”. Aseguró que él no está para dar instrucciones a los jueces, ni para emitir criterios jurídicos, pero no permanecerá callado por la indignación, decepción, miedo y preocupación que sienten los ecuatorianos.

El objetivo es que los abusos judiciales paren –acotó el Primer Mandatario- y permanecerá vigilante para que las gestiones emprendidas por Saquicela den resultados. Dijo que jamás permitirá que el país se convierta en un Estado sitiado por bandas del narcotráfico auxiliadas por jueces.