Piden amnistía para más de 200 policías y militares procesados
Después de las amnistías otorgadas en Ecuador a 268 personas procesadas por diferentes protestas, la Asociación de Generales de la Policía Nacional reclama el mismo trato para más de 200 policías y militares señalados por presuntos excesos durante los disturbios que vivió el país en octubre del 2019.
"Buscamos el mismo tratamiento de las 268 personas que fueron amnistiadas y cuyos procesos han terminado. Algunos estamos en proceso, otros en investigación, otros aún vendrán", explicó a EFE el general en servicio pasivo de la Policía Nacional Alfonso Camacho, quien preside esa Asociación que integran 126 oficiales.
El pasado viernes encabezó una delegación que solicitó a la Asamblea Nacional (Parlamento) que considerara amnistiar a uniformados policiales y miembros de las Fuerzas Armadas procesados o que pudieran serlo en el futuro, en relación con las violentas manifestaciones que tuvieron que aplacar en 2019.
Amnistías para más de 200 uniformados
A la espera de poder localizar a todos los miembros de las fuerzas de seguridad en situación parecida, Camacho contabiliza hasta la fecha más de 200 casos claros o en trámite, pero no descarta solicitar "otra amnistía, que debe ser general, para los 53 000 policías que intervinimos en todo el país".
La Asamblea Nacional resolvió el pasado 10 marzo otorgar amnistías a investigados y sentenciados, de los que 60 fueron procesados por supuestos delitos cometidos en las movilizaciones de 2019, 153 por estar involucrados en protestas por territorios comunitarios, 43 identificados como defensores ambientales y una docena por administrar justicia indígena.
Entre los beneficiarios de esas amnistías figuraron Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), organización que canalizó las protestas de 2019, así como la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), además de varios "defensores del agua".
La decisión provocó un agrio debate en torno a dos visiones enfrentadas: para unos, los amnistiados son defensores criminalizados, mientras que para otros, son procesados por cometer actos violentos.
El Gobierno de Guillermo Lasso busca dejar sin efecto las amnistías otorgadas con un recurso ante la Corte Constitucional presentado por la exministra de Gobierno (Interior) Alexandra Vela.
Disturbios que paralizaron al Ecuador
Entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, Ecuador quedó paralizado por los disturbios que se registraron con especial virulencia en el centro de Quito, y el bloqueo de vías cruciales del territorio nacional, lo que llevó al Ejecutivo de entonces, encabezado por el expresidente Lenín Moreno (2017-2021), a declarar el estado de excepción.
El desencadenante fue un decreto presidencial que eliminaba históricos subsidios a la gasolina y que tuvo que ser derogado para acallar unas protestas que dejaron media docena de fallecidos y más de 1 500 heridos, cerca de un tercio de ellos miembros de las fuerzas de seguridad.
Los ministerios de Defensa y Gobierno del Ejecutivo de entonces insistieron en que las fuerzas de seguridad emplearon medios antidisturbios y en ningún momento armamento de dotación militar, tesis que defiende la Asociación de Generales policiales.
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos acusaron a la Policía y al Ejército de haber cometido excesos, una dura represión y agredido a manifestantes, mientras que la Defensoría del Pueblo fue más lejos al apuntar a posibles crímenes de lesa humanidad.
Niegan presuntos excesos contra la población
Camacho mencionó el recuento que hacen organizaciones de la sociedad civil de "unas 7 personas que perdieron sus ojos en agresiones supuestamente de la Policía", pero negó tajantemente la autoría de los hechos y acusó a los manifestantes de ir pertrechados con "cohetes, dinamita, catapultas y todo tipo de armas".
Casos emblemáticos como el de la asambleísta que perdió un ojo, Jhajaira Urresta, o el de tres jóvenes que fallecieron al caer por un puente en medio de una persecución policial, asegura Camacho, no pueden ser atribuibles a la fuerza pública.
Y aclaró que el único armamento no letal empleado por los uniformados fue de carácter disuasivo, como bombas lacrimógenas de mano y de carabina.
La Asociación que dirige lleva a cabo su propia investigación sobre lo sucedido con más de 30 uniformados que -según Camacho- fueron sometidos y secuestrados, agentes agredidas sexualmente "y con saña", al menos una decena de policías quemados por cócteles molotov o pequeños tacos de dinamita que al estallar provocaron la pérdida de visión o de sus miembros inferiores.
"Vamos a acumular todos esos procesos para dar seguimiento y completar la documentación que vamos a entregar a la Asamblea Nacional", concluyó