Algunas organizaciones políticas no están de acuerdo que el Estado ecuatoriano les quite su financiamiento estatal

La propuesta del presidente Daniel Noboa que el Estado no financie a las organizaciones políticas y sus campañas no tiene eco en partidos y movimientos políticos.

El Estado les entrega recursos mediante el Fondo de Promoción Electoral y el Fondo Partidario. El primero es distribuido con pautaje en medios de comunicación durante la campaña, mientras el segundo es un rubro anual que se entrega cumpliendo requisitos exigidos en el Código de la Democracia, como tener al menos tres representantes en la Asamblea Nacional.

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El Movimiento Construye considera que, si bien es necesaria una reforma al sistema de partidos políticos, lo importante está en el control que se debe hacer sobre el gasto de las organizaciones políticas, especialmente en campaña.

"Es de dónde vienen los recursos económicos, si vienen de fuentes legítimas o no tan legítimas como el crimen organizado. Ver dónde el crimen organizado esta financiando la política es más importante", apuntó el legislador Jorge Peñafiel.

En Unidad Popular dicen que se perjudica la participación. Geovanni Atarihuana, presidente de esta organización política, señala que esto beneficiaría a los partidos de los banqueros, de empresarios nacionales o incluso del narcotráfico, porque pondría en desventaja a los movimientos que no están ligadas al poder económico.

El Partido Social Cristiano analiza aún su postura. En la Revolución Ciudadana (RC5), su líder Rafael Correa ha criticado la propuesta en sus cuentas sociales.

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En el oficialismo explican los objetivos del presidente con esta reforma. "Que sean mejores invertidos estos recursos, porque no se puede estar gastando en partidos políticos cuando hay grandes necesidades en el país", manifestó la asambleísta Nathaly Farinango.

La Corte Constitucional deberá definir si es la vía adecuada. El organismo ya se pronunció en 2020 a una solicitud de enmienda sobre eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas.

Según la Corte no se podía tramitar por esa vía, porque el cambio podría provocar en una regresión de derechos en particular el derecho a la igualdad.