No se ha considerado muerte cruzada, dice Ministerio de Gobierno
Tres días después de que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señalara en una entrevista radial que el régimen sí podría considerar la muerte cruzada, el mismo Ministerio de Gobierno ha aclarado en su cuenta de Twitter que actualmente no se analiza esa posibilidad.
"No se ha considerado muerte cruzada", indicó la Cartera de Estado en una respuesta enviada a la exasambleísta Lourdes Tibán este viernes 3 de septiembre.
La política cotopaxense había escrito que la muerte cruzada es el "chantaje de todo gobierno para doblegar a la Asamblea" y calificó como un "exabrupto" lo dicho por la ministra.
Horas después, el Ministerio le contestó que Vela "ha sido enfática al señalar que el diálogo con todos los sectores es una prioridad para el Gobierno; si no existen acuerdos se recurrirá a una consulta popular como mecanismo democrático. No se ha considerado muerte cruzada".
Según el artículo 148 de la Constitución, la muerte cruzada es un mecanismo legal que podría usar el presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional si esta se hubiera arrogado funciones, si "de forma reiterada e injustificada" obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
Este recurso podrá ser utilizado una sola vez en los tres primeros años de mandato.
El martes 31 de agosto, en entrevista con Radio Sucesos, Vela dijo que "en este momento" el régimen no se ha planteado disolver el Parlamento, sin embargo precisó que "siendo una de las posibilidades que están abiertas constitucionalmente, si es que es necesario, lo consideraremos".
Actualmente, tras más de 100 días de Gobierno, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es espinosa. La Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), conformada por asambleístas de CREO e independientes, está muy lejos de representar la mayoría en el Parlamento.
Representantes de Pachakutik, por ejemplo, dijeron esta semana que no apoyarían futuros proyectos del Gobierno y acusaron al régimen de impulsar una campaña de desprestigio en contra de la Legislatura.