Los Yunda y sus líos legales: todo inició con las pruebas de COVID
El proceso que abrió la Fiscalía General del Estado en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por presunto peculado en un contrato municipal para la adquisición de pruebas de detección de COVID-19, dio paso a otra indagación en la que el hijo, un empresario, familiares del regidor y exfuncionarios del Cabildo son procesados actualmente por el presunto delito de asociación ilícita.
¿Los indicios?
Una serie de chats encontrados en el teléfono de Sebastián Yunda (hijo del alcalde) reflejaron la influencia que tenía el joven para gestionar contratos y recomendar proveedores, a pesar de que la ley le impedía realizar estas acciones.
Entre las conversaciones, se encontraron las que mantenía con el empresario chino Yilong Wang, a quien Sebastián identificaba como "papá Dalong".
El ciudadano de origen asiático y su esposa, Nacy Gaibor, son investigados por una cuestionada compra de cámaras de reconocimiento facial para el Municipio.
Este viernes 3 de septiembre, el juez Miguel Narváez le prohibió a la pareja abandonar el país y enajenar bienes. Además, el magistrado le ordenó a Wang portar grillete electrónico.
A través de los chats también se conocieron otras propuestas de negocio al mismo Wang, pero esta vez con propiedades municipales. Yunda, en el chat, dice tener un terreno para hacer "hotel y todo", aunque reconoce que "es del Municipio".
Cuando se difundieron las conversaciones en las redes sociales y la prensa, Jorge Yunda indicó a Ecuavisa que él no iba a poner "las manos al fuego por nadie". "Ni por familiares ni amigos ni compadres ni funcionarios", agregó el alcalde hace unos meses.
En las conversaciones también aparecen exfuncionarios municipales, como la exasesora Cinthya Puga, a quien hoy también se le prohibió salir del país. Los diálogos reflejan que ella habría coordinado las actividades y negocios de Sebastián Yunda.
Por estos chats, entre otros indicios, este jueves se realizaron 18 allanamientos en Quito y Guayaquil. En la capital, las autoridades ingresaron a las empresas municipales de Agua Potable y Seguridad, así como a la constructora Geinco, compañia que se habría beneficiado de subcontratos con el Cabildo y que también es investigada.
Además de Wang, Gaibor y Puga, otras tres personas fueron retenidas durante los allanamientos: Pamela Novoa, Christian Hernández y Adrián Haro. Aunque los seis tienen medidas alternativas a la prisión preventiva y deben presentarse periódicamente ante las autoridades, no son los únicos investigados en este caso.
La Policía y la Fiscalía buscan a Sebastián Yunda y a César Yunda, primo del alcalde. Hasta ahora se desconoce el paradero de ambos.
Tras la audiencia de formulación de cargos en este caso, inició la etapa de instrucción fiscal, que durará 90 días, antes de que se llame a una audiencia preparatoria de juicio.