Los contratos de Leandro Norero alimentan las sospechas de financiamiento ilegal de ciertos candidatos para elecciones seccionales 2023

El Frente Parlamentario Anticorrupción presentó una noticia criminis a la Fiscalía este viernes, 6 de enero, con al menos 20 nombres, la mayoría candidatos para las elecciones seccionales 2023, supuestamente vinculados con el narcotráfico.

Son tres de los miembros de este grupo parlamentario quienes encontraron presuntas relaciones de los candidatos con el narcotráfico y quieren que la Fiscalía los investigue.

Fernando Villavicencio señaló algunos: "los vínculos de dos empresas de Leandro Norero con contratos suscritos con el Municipio de Manta".

Agustín Intriago, candidato a la reelección por la alcaldía de Manta respondió al legislador: "ya nos llamaron en su momento como Municipio y presentamos toda la documentación. Esto ya se investigó hace seis meses y en ningún momento se generaron cargos contra nosotros".

Pero los legisladores mencionaron también la frontera nororiental. Según Villavicencio, hay “vínculos de candidatos de la provincia de Sucumbíos con organizaciones narcodelictivas”.

Y dice que un candidato a concejal en Las Naves, provincia de Bolívar y otro que busca la alcaldía de Tosagua, en Manabí, ya se los investigó por relaciones con el narcotráfico.

También es necesario que la Fiscalía investigue en Esmeraldas, dice Villavicencio: "la candidata de la Revolución Ciudadana a la alcaldía de San Lorenzo, Adis Solis, tiene tantas investigaciones en la Fiscalía General del Estado que no avanzan".

"Gran parte del sistema político y de partidos está contaminado con recursos provenientes de estructuras delictivas", manifestó el legislador, detallando que la minería ilegal, narcotráfico y corrupción serían las fuentes principales.

En el documento entregado a la Fiscalía exponen los casos y sus presuntos vínculos. Mencionan candidatos de la Revolución Ciudadana, de Suma, de Izquierda Democrática y hasta de Pachakutik.

En un comunicado, el movimiento correísta, sin referirse directamente a esta denuncia, señala que no permitirá que se afecte su imagen y pide: "que los órganos técnicos encargados investiguen y presenten pruebas, que no se presten para shows electorales".

A la entrega de la documentación también acudieron las legisladoras Sofía Sánchez y Gisella Molina, quienes también forman parte del Frente Parlamentario Anticorrpución.

Sánchez recalcó que “esta investigación no es una persecución a un solo movimiento o partido político, en el momento que conozcamos de estas relaciones con el narcotráfico, nosotros lo haremos saber”.

Cuestionaron sin embargo que muchos de los datos recabados son públicos y ni la Fiscalía, ni la Unidad de Análisis Financiero han iniciado investigaciones, menos aún el Consejo Nacional Electoral.

Recordaron que la ley no prevé que esas candidaturas se suspendan. Por eso dicen que es el pueblo quien tiene que ver por quién va a votar.

Aunque Ecuavisa intentó contactar a los candidatos mencionados en este reportaje, no fue posible.