El Consejo de Administración Legislativa da paso al juicio político a la fiscal Diana Salazar

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso este jueves 7 de diciembre al inicio del proceso de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sin embargo, el trámite queda en cola, pues la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene seis procesos similares pendientes.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) y primera vicepresidenta del Parlamento, Viviana Veloz, confirmó que la solicitud presentada por su colega, Gisella Garzón, había recibido el visto bueno. Cinco de los siete legisladores que conforman el CAL votaron a favor.

Ellos son Viviana Veloz (correísmo), Henry Kronfle (PSC), Jorge Acaiturri (PSC), Eckenner Recalde (ADN), Diego Matovelle (ADN). Alexandra Castillo, de Construye, votó en contra. Esther Cuesta estuvo ausente.

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El caso contra Salazar recién se tramitaría a finales de 2024. Fiscalización debe despachar antes otros procesos. El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, dijo el pasado 4 de diciembre que existían seis casos heredados del anterior periodo legislativo.

Y en esta etapa, además del juicio político a la fiscal, se pidió abrir investigaciones de este tipo contra los exministros de Energía, Fernando Santos, y del Interior, Juan Zapata. Ambas solicitudes de juicio político también fueron admitidas este jueves y pasan a la cola.

¿De qué se la acusa a Salazar?

La solicitud presentada por Garzón contó con el respaldo de toda la bancada correísta (51 asambleístas). A la fiscal se la acusa de haber cometido supuestas "acciones u omisiones" en doce casos judiciales, entre ellos Sobornos, León de Troya, Encuentro, INA Papers o Sinohydro y Danubio.

"La fiscal general del Estado, encargada de investigar y procesar a personas que poseen fuero de corte, muy contrariamente a lo que sostiene públicamente, no es objetiva", indicó el documento entregado por Garzón a Kronfle el 27 de noviembre.

En una entrevista concedida este jueves a Contacto Directo, Kronfle aseguró que las pruebas presentadas para el juicio político contra la funcionaria no le convencían. "Tanto así que hay que hacer un alcance de las mismas", acotó.

De su lado, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha subrayado que ni él ni los legisladores de su organización política (ADN) apoyarán el juicio político contra la fiscal.

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"La solicitud carece de argumentos"

La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado pasado el mediodía de este jueves. Sostiene que la solicitud de juicio político contra Salazar "carece de argumentos fácticos y jurídicos".

En su boletín, señala que el documento presentado por Garzón "no está enmarcado en los lineamientos constitucionales del debido proceso".

Salazar, por otra parte, no se ha pronunciado sobre el avance del caso en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el 27 de noviembre mencionó en su cuenta de X (antes Twitter) que el correísmo lleva a cabo "una desesperada búsqueda de impunidad".

La fiscal, que estuvo a cargo de la acusación del caso Sobornos en el que el expresidente Rafael Correa fue inhabilitado y condenado a ocho años de prisión, ya ha sido objeto en meses anteriores de amenazas y de varios intentos de separarla de su cargo, a partir de una denuncia de presunto plagio en una tesis universitaria que fue rechazada por la casa de estudios.

Diana Salazar, de 42 años, es fiscal general del Estado desde 2019. Su período debe concluir en 2025. En un eventual juicio político se plantearía su censura y destitución.