Juicio político contra Lasso: asambleísta pide videos para comprobar si existen transacciones entre el Ejecutivo y legisladores
La legisladora de UNES, Viviana Veloz, una de las impulsoras del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha solicitado los videos captados por las cámaras de vigilancia del piso siete de la Asamblea Nacional porque presume que en esas oficinas existirían "transacciones" entre delegados del Ejecutivo y parlamentarios "de alquiler" para proteger al jefe de Estado en este proceso que busca su destitución.
"Estoy a la espera de que el presidente de la Asamblea autorice estas grabaciones", aseguró Veloz este martes 11 de abril, en Contacto Directo.
Dice que desea comprobar si representantes del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, han ofrecido "beneficios personales o económicos" a otros asambleístas.
En el piso siete están las oficinas de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, cuyo presidente es el asambleísta de CREO, Juan Fernando Flores.
Hace dos semanas el ministro Cucalón reconoció, también en Contacto Directo, que han existido conversaciones privadas sobre el juicio político en el Parlamento, pero solo entre legisladores. De hecho, destacó el rol de los de los asambleístas de la Bancada del Acuerdo Nacional (oficialismo), quienes "con argumentos" buscan defender al jefe de Estado.
Y es que, en el posible escenario que el juicio político pase al pleno del Legislativo, se necesitarían 92 votos para destituir al mandatario. Un número que sí se puede alcanzar ya que Lasso no cuenta con respaldo en la Asamblea Nacional.
De hecho, el pasado 4 de marzo, cuando se aprobó el informe que elaboró la comisión ocasional que investigó la supuesta trama de corrupción en empresas públicas, señalada en el caso Encuentro o El Gran Padrino, 104 legisladores votaron a favor de iniciar el juicio político.
Discusión por las pruebas
El juicio político contra el jefe de Estado, quien es acusado de supuesto peculado, se encuentra en la etapa de presentación y solicitudes de pruebas, cuyo plazo vence este domingo 16 de abril.
Este lunes 10, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde se tramita el proceso, se aprobó requerir 49 pruebas de oficio adicionales a las presentadas en la solicitud del juicio político.
Según Veloz, las pruebas son "contundentes" y demostrarían la responsabilidad política que tedría Lasso, quien ha sido imputado de haber permitido, supuestamente, que se cometa peculado en unos contratos de la naviera estatal Flopec, del que aparentemente fue advertido y no lo impidió.
El caso tiene que ver con supuestas irregularidades cometidas por un colaborador cercano de Lasso -Hernán Luque, que ya no forma parte del Gobierno- en contratos de Flopec.
Por otra parte, existe una discusión por la singularización de las pruebas. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha pedido a los asambleístas interpelantes (Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo) que expliquen cuáles de las 20 pruebas documentales y 36 comparecencias presentadas en la solicitud corresponderían a la acusación por peculado.
"Ellos no tienen las pruebas", afirmó Villavicencio este martes, en Contacto Directo, quien sostiene que detrás de este juicio político hay una mafia instalada en los negocios petroleros estatales.
La Corte Constitucional (CC) aprobó el trámite de juicio político contra Lasso solo por el delito de peculado, pese a que se había pedido también procesarlo por supuesta concusión.
Villavicencio ha pedido a la CC que vigile que se cumpla el dictamen de admisibilidad que permitió el inicio del proceso ya "que este juicio político únicamente corresponde al delito antes identificado".
Finalmente, el titular de Fiscalización sostiene que Lasso debe llamar a muerte cruzada y disolver el Parlamento.