Juicio político contra la Judicatura deja ver los 'trapos sucios' de la política
Conseguir los votos para destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura: Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo; y censurar a la expresidenta de ese organismo, María del Carmen Maldonado, no ha sido tan sencillo como pareciera.
La votación que dio paso a que se tramite el juicio político consiguió 87 voluntades, el pasado domingo 28 de agosto. En teoría faltan solo cinco asambleístas que voten a favor y de inmediato los consejeros deberán dejar su puesto.
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Sin embargo, dos de las cinco bancadas todavía no tienen una posición unificada: Pachakutik e Izquierda Democrática; y los independientes podrían cambiar de decisión a último momento.
Pugnas por dentro y fuera de la Asamblea
1. El partido del movimiento indígena está dividido desde hace varios meses y el juicio político a la Judicatura ha fraccionado más el seno de esa organización.
En la bancada está por verse las votaciones de los cinco asambleístas: Rosa Cerda, Gisella Molina, Édgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla; a quienes el presidente Guillermo Lasso señaló por presuntamente pedir cargos públicos a cambio de votos, y que previo a la sesión para definir el juicio contra la Judicatura pidió el archivo de la denuncia.
En la última sesión, esos legisladores votaron a favor de que proceda el juicio político pero está por verse cuál es su postura frente a la destitución. Mario Ruiz, de Pachakutik, dijo que no van a estar dentro de una pugna política.
2. En la Izquierda Democrática (ID) los enfrentamientos trascienden la indecisión. Los cinco asambleístas disidentes, que han permanecido cercanos al correísmo, ahora se cruzan de bando y votarán por la abstención, tal como dispuso su partido político.
En cambio, los legisladores que responden al jefe de la bancada, Marlon Cadena, todavía no tienen una posición definida. Rechazaron el pronunciamiento del consejo directivo de esa organización política y dicen que esperan la defensa de los consejeros para tomar una decisión.
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3. La contienda pasa del interior de las bancadas a enfrentamientos en las sesiones del Pleno, que ha sido testigo de cruces de palabras. El ejemplo más claro es el episodio entre los asambleístas Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, en contra del juicio político; y Luis Almeida (PSC) que respalda la fiscalización.
Ese enfrentamiento nació en el programa dominical Políticamente Correcto, transmitido en Ecuavisa. En el espacio de entrevistas, Villavicencio llamó 'Guacharnaco' a Luis Almeida. Luego, en una sesión del Pleno el legislador socialcristiano le dijo 'fifirisnai'.
4. Correísmo dice que el Gobierno se ha tomado la justicia; Murillo apunta lo mismo contra ellos. La asambleísta Viviana Veloz, que defiende el juicio, asegura que no hubo interferencia en la justicia durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
El presidente del CJ, por su parte, insiste en que sí se tomaron la justicia y que ahora pretenden volver.
5. El 'lobby' incluye llamadas y acusaciones. El asambleísta Dalton Bacigalupo (ID) arremetió contra Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justica, le acusó de estar persuadiendo a miembros de su bancada; Wilma Andrade (ID) le desmintió.
Rafael Lucero (PK), en cambio, se descargó contra el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Este 31 de agosto, en una entrevista radial, dijo que le ofrecieron 'puestitos' a cargo de que vote a favor de la destitución de los funcionarios. El titular del Legislativo le desmintió.
Otra llamada que sorprendió fue la que recibió el asambleísta independiente Marco Troya en medio de la sesión de la Comisión de Fiscalización, en la que consultaba cómo votar. Finalmente optó por votar a favor del archivo del informe que recomendaba el juicio político.
El juicio político que llega al desenlace
El pedido de juicio político fue presentado por los asambleístas correístas Fausto Jarrín y Viviana Veloz. El primero ya dejó su curul el 14 de julio pasado y la segunda ha llevado la bandera de la defensa de ese proceso.
La razón del juicio nace en que los Consejeros dieron paso a la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que terminó con la destitución de algunos magistrados, antes del plazo establecido. Sin embargo, Murillo, Morillo y Barreno argumentaron que esa fue una disposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio.
El correísmo defiende su juicio con base en una declaración de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional (CC) del reglamento que utilizó el CJ para la evaluación de los magistrados.
En caso de que la Asamblea destituya a los consejeros, el reemplazo será: Elcy Celi, Yolanda Yupangui y Jaime de Veintimilla. Ellos fueron nombrados por el mismo Cpccs-t, en 2019.