El INEC responde que ninguno de sus funcionarios tiene indicio de responsabilidad penal
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) respondió al señalamiento de la Contraloría sobre indicio de responsabilidad penal en el censo poblacional 2022.
El 30 de mayo, en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, el abogado Néstor Toro-Hinostroza, de la Contraloría General del Estado, detalló que hay ocho acciones de control y un indicio de responsabilidad penal, "que por su naturaleza es de carácter reservado”.
Al respecto, el INEC indicó en un comunicado que los supuestos hallazgos o sanciones de la Contraloría no han sido notificados al Instituto ni a sus funcionarios, y que ellos tampoco tienen algún indicio de responsabilidad penal.
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Dicha responsabilidad penal "le corresponde a una de las empresas participantes en un proceso de participación en la cual el INEC no erogó ningún recurso económico".
El INEC asegura que fue la propia entidad la que detectó la posible irregularidad de la empresa e informó al Sercop, quien a su vez hizo lo mismo con la Contraloría.
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Fiscalización al censo 2022
La Comisión de Garantías Constitucionales realiza el proceso de fiscalización del censo 2022. Este proceso se enmarca en el informe elaborado por la Comisión de Transparencia y aprobado por el Pleno en enero del 2023, que recomendó fiscalizar el manejo de la información, inconsistencias técnicas y evaluar los costos.
El tema se retomó por iniciativa de la legisladora Paola Cabezas, quien aseguró que el VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades presenta resultados incongruentes con la realidad del pueblo afroecuatoriano.
La fiscalización también estará a cargo de la Contraloría General del Estado, pues el informe recomendó auditar la gestión a Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).