El informe borrador de la Comisión de Fiscalización recomienda no seguir con el juicio político de Lasso
- Actualizado a las 10:30 del viernes 5 de mayo -
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recomendará en su informe borrador no someter a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Según el documento filtrado, el jefe de Estado no incurrió en el delito de peculado, por el que estaba siendo investigado.
El titular de la mesa legislativa, Fernando Villavicencio, confirmó a Ecuavisa.com que este sábado 6 de mayo se votará por ese documento preliminar, "pero independientemente de los resultados, el informe será entregado al presidente de la Asamblea (Virgilio Saquicela)". Así lo establece el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La normativa indica que una vez que el titular del Legislativo reciba el informe, debe disponer, en máximo tres días, la difusión del mismo entre los 137 asambleístas.
Luego de la divulgación del documento, en un plazo máximo de una semana, Saquicela deberá incorporarlo en el orden del día para debatir y votar por el informe en el pleno del Parlamento. Esto debe ocurrir antes del 16 de mayo.
¿Qué peso tiene el informe de la Comisión ante el pleno? Te lo explicamos en nuestro resumen diario de Noticias:
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El informe no es vinculante
El informe elaborado por la Comisión de Fiscalización no es vinculante, es decir, puede ser tomado o no en cuenta por los asambleístas, y en el Parlamento se podría decidir continuar con el proceso de juicio político al presidente de la República.
Por otra parte, la ley no señala si puede existir algún otro informe de minoría o de posiciones. De hecho, Esteban Torres, coordinador de la bancada del PSC, una de las organizaciones políticas que busca la destitución del mandatario, ha elevado una consulta a la Unidad Técnica Legislativa para conocer si puede haber otro documento.
¿Por qué se lo quiere enjuiciar políticamente a Lasso?
Los promotores del juicio político del jefe de Estado sostienen que Lasso incurrió en el presunto delito de peculado al continuar unos contratos de la flota petrolera estatal (Flopec) con la privada Amazonas Tankers sobre los que realizó un informe la Contraloría General del Estado (CGE).
La defensa del presidente ha señalado que los contratos de Flopec con Amazonas Tankers fueron suscritos por la administración del anterior presidente Lenín Moreno (2017-2021) y que, durante el mandato de Lasso, lo que se ha hecho es adoptar las recomendaciones de la CGE para mejorar las condiciones de los contratos para el Estado.
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