Fiscalía investiga al presidente Lasso por Papeles de Pandora
La Fiscalía abrió una indagación previa contra el presidente Guillermo Lasso, por supuesta defraudación tributaria relacionada con la aparición de su nombre en el escándalo conocido como los Papales de Pandora.
La indagación fiscal, según informó este jueves el diario El Comercio en su portal web, arrancó el pasado 18 de octubre, 12 días después de que el excandidato presidencial Yaku Pérez presentara una denuncia contra Lasso por el caso de los Papeles de Pandora.
Pérez había presentado su denuncia el pasado 6 de octubre con la idea de que la Fiscalía pidiera al Servicio de Rentas Internas todos los movimientos financieros del mandatario y de sus familiares cercanos desde 2013, cuando se presentó por primera vez como candidato presidencial.
Según la investigación periodística de los Papeles de Pandora, Lasso habría controlado 14 sociedades "off-shore", la mayoría con sede en Panamá, y las habría cerrado luego de que en 2017 se aprobara una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
Según Lasso, al entrar en vigor esa normativa, se deshizo de dichas empresas "off shore", con lo que pudo inscribirse como candidato presidencial para los comicios de 2017.
Tras revelarse el caso de los Papeles de Pandora, las conjeturas del caso en círculos políticos han circulado en torno al camino que siguieron esas inversiones y si hay eventuales responsabilidades tributarias.
La Asamblea Nacional designó a la Comisión de Garantías Constitucionales para que investigara el caso, para el que pretendía convocar a unas cuarenta personas, incluido Lasso, su esposa y un hijo.
Sin embargo, la esposa y el hijo se excusaron de acudir a la convocatoria de la Comisión, al considerar que no son funcionarios públicos.
El presidente Lasso también declinó acudir a los dos llamados que le hicieran los comisionados parlamentarios —la segunda convocatoria debía cumplirse este viernes 22 de octubre—, por considerar que el Legislativo no tiene la competencia para investigarlo.
Según Lasso, es la Contraloría la que debe realizar la investigación y si, eventualmente, detecta alguna responsabilidad, podría pasar el caso a la Corte Constitucional y de allí a la Asamblea Nacional para que sea la Cámara la que defina el proceso según la normativa.
También la Fiscalía ha iniciado una indagación previa, que en la fase actual tiene carácter de reservada y que podría tardar un año para reunir indicios que determinen si existen elementos suficientes para procesar al mandatario o archivar la causa.