Fiscalía allana instalaciones del CPCCS por presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos

La pugna por el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), continúa. Sofía Almeida, presidenta en disputa del organismo, permanece en el edificio y la noche del martes 15 de febrero, transmitió en vivo cómo las instalaciones fueron allanadas.

Según Hernán Ulloa, presidente en disputa, la diligencia responde a la denuncia presentada ante la Fiscalía, por la reiterada suspensión de las sesiones del pleno.

La Fiscalía informó que la operación fue para recabar evidencia documental, física y digital, tras haber recibido una denuncia por un presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos.

La crisis estalló el pasado miércoles 9 de febrero de 2022, luego de que cuatros integrantes del Consejo en una sesión autoconvocada, votaran a favor de remover a Sofía Almeida de la presidencia y a David Rosero como vicepresidente.

Acto seguido, los consejeros designaron como nuevas autoridades a la cabeza de la institución a Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira.

Frente a esta situación, Sofía Almeida, acusó a Ulloa de "usurpar" funciones, y hasta ahora, se mantiene en las instalaciones del organismo junto a Rosero y Javier Dávalos, quienes respaldan su cargo.

El organismo, entre otras facultades, está a cargo de las designaciones de 11 instituciones, entre ellas, las autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Superintendente de Compañías, etc.

Entre los argumentos de la nueva mayoría para reemplazar a Almeida fueron precisamente las irregularidades en los procesos de designación de autoridades. Un ejemplo de ello es el cambio de dos vocales del CNE que, por denuncias sobre el proceso, la designación no avanza, pese a que debió terminar en noviembre de 2021.

Una situación similar sucede con la designación del nuevo contralor, la fecha límite era marzo de 2022, pero actualmente está suspendido debido a las denuncias de irregularidades.