Exgerente de Petroecuador y otros 4 son vinculados al caso Las Torres
El exgerente de Petroecuador, Pablo Flores; su padre, el exministro Marco Flores Troncoso; Roy Calero; Álvaro De Guzmán y Pedro Saona fueron vinculados al caso Las Torres, en el que se investiga un presunto delito de delincuencia organizada.
Según la Fiscalía, Pablo Flores "habría liderado la exigencia y recibimiento de dineros", mientras que su padre "habría colaborado con la recepción de los fondos indebidos por parte de la empresa Nolimit".
Los otros tres implicados "habrían colaborado con la recepción, entrega y ocultamiento" del dinero, agrega la institución.
Pese a que la fiscal general Diana Salazar solicitó la prisión preventiva para los ahora procesados, el magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, dictó medidas alternativas al arresto.
A los cinco se les dispuso la prohibición de salida del país, la presentación semanal ante las autoridads y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica. Además tienen prohibido enajenar bienes.
Con estos cinco nuevos implicados, ya son 14 las personas investigadas en este caso, que mantiene en prisión al contralor Pablo Celi; a su hermano; al exsecretario de la Presidencia, José Agusto, y también a su hermano.
- La posible red de corrupción -
El caso Las Torres inició en junio de 2019 cuando Raúl de la Torre, sobrino del excontralor y exasesor de Petroecuador, y el empresario Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados al lavado de activos.
La información proporcionada por las autoridades norteamericanas permitió iniciar una investigación en Ecuador que, tras varios meses de indagaciones, propició que entre el 12 y 13 de abril de 2021 se ejecuten más de 20 allanamientos simultáneos en Quito, Guayaquil y Samborondón.
En esas diligencias fueron aprehendidas nueve personas, entre ellas Celi y Agusto.
La Fiscalía afirma que esta organización está relacionada a una trama de corrupción que involucra a Petroecuador, Contraloría y Secretaría General de la Presidencia, entre 2017 y 2020.
Los exfuncionarios habrían exigido pagos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas.