En la Asamblea Nacional no se sorprendieron por la renuncia de Pablo Celi
Para los legisladores la renuncia de Pablo Celi no es mayor sorpresa.
"Una renuncia bastante esperada aunque al lugar. Pero no soluciona el problema político en que deja en este momento a la Contraloría, la cual está en acefalia", dijo Jorge Abedrebbo, asambleísta del Partido Social Cristiano.
El jefe de bloque de CREO e independientes dice también que se esperaban esa renuncia. Que ahora hay que saber si la nominación del subrogante Carlos Riofrío es legal y para eso ya pidieron información a la Contraloría.
"Porque incluso si, al revisarse los documentos, Riofrío ha cumplido con todos los canales y procesos no hay un vacío dentro de esa delegación, él sería formalmente quien asumiría la Contraloría", argumentó el legislador Juan Fernando Flores.
Y sino se cumplieron con todos los requisitos jurídicos, dice Flores, se podrán analizar otras medidas. Entre ellas, una ley interpretativa que determine si se puede designar un contralor encargado, como lo pedía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
"Se tenía que generar un proceso en el que se clarifique qué pasa cuando no hay contralor ni subcontralor. Es decir, en esa vacío cómo se procede", añadió Flores.
La presidenta de la asamblea, Guadalupe Llori, previo a conocerse la renuncia de Celi mencionó que si bien existe la posibilidad de interpretar la ley, lo mejor sería una solución de consenso que vincule a Corte Constitucional, Procuraduría y Asamblea.
"Para buscar una solución a este vacío legal que no nos permite poder nombrar de manera temporal a una nueva autoridad en la Contraloría", aseguró Llori.
Desde el correísmo ven también esa como la opción.
"El señor procurador dijo que eleven la consulta a la Corte Constitucional y él como abogado de todos los ecuatorianos también debería dar una salida jurídica", reclamó el asambleísta Ronny Aleaga.
La renuncia de Celi no detiene los juicios políticos presentados contra el hoy excontralor. Si bien no pueden terminar en destitución, sí se los puede censurar e inhabilitarlo de ejercer cargo público por dos años.