El presidente Lasso cuestiona el rol de la Corte Constitucional en el trámite de los decretos-ley
El presidente Guillermo Lasso Mendoza publicó la carta que remitió a la Corte Constitucional (CC), este miércoles 28 de junio de 2023. Dijo que se trata de su posición de defensa firme de las atribuciones que corresponde como Jefe de Estado.
"Respetamos las competencias de control de constitucionalidad de la Corte", escribió en su cuenta de Twitter.
Queridos ecuatorianos, hago pública la carta que remití a la @CorteConstEcu con mi posición de defensa firme de las atribuciones que me corresponden como Presidente.
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 28, 2023
Respetamos las competencias de control de constitucionalidad de la Corte.
Sin embargo, insisto que la definición... pic.twitter.com/yrGPPbT8uC
Guillermo Lasso dice que, si bien si respeta a las instituciones del Estado, no comparte con las decisiones de la CC sobre la facultad del presidente para expedir decretos-leyes de urgencia económica en este periodo de disolución de la Asamblea Nacional. "Cumpliré su precedente, pero el país tiene derecho a conocer las razones jurídicas por las cuales este Gobierno discrepa frente a lo realizado por la CC".
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Asegura que la CC no debe rebasar sus facultades generando una apariencia de haberse convertido en un súper órgano que inobserva lo establecido en la Constitución. "Ésta ha de ser respetada por todos los ecuatorianos, todos los servidores públicos y todas las cortes, aún más aquella llamada a interpretarla y protegerla".
A su juicio, esa entidad se extralimita cuando señala que debe controlar que en los decretos-leyes enviados por el presidente en tiempos de "muerte cruzada", no se aborden materias que no sean de urgencia económica. "Aquello no es atribución de la CC, pues esta debe hacer un riguroso control de compatibilidad constitucional, es decir, que las disposiciones del decreto propuesto no sean contrarias a los valores principios y reglas de la Constitución".
Hacer lo opuesto, es rebasar la tarea de la CC que se limita a realizar un dictamen previo de constitucionalidad invadiendo la facultad presidencial dispuesta constitucionalmente, descuidando el diseño institucional presidencialista, que también debe ser tutelado y respetado por la Corte. "Y lo que es peor, se advierte un enorme riesgo de convertir al órgano de control constitucional en un actor político-económico".
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