El Ministerio de Finanzas tiene 15 días para entregar los recursos económicos para la Función Judicial
La Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y al principio de coordinación entre entidades públicas. Esto tras conocer las apelaciones en la acción de protección presentada por Wilman Terán, presidente de esa entidad.
Asimismo, rechazó los recursos de apelación planteados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Defensoría del Pueblo.
Por eso, como medidas de reparación integral, se dispuso que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas, consigne a la Función Judicial la parte del presupuesto que es el déficit del gasto corriente y de inversión para el ejercicio fiscal de 2023, Sin recargos o intereses.
"El objetivo de este desembolso es que no continúen los daños en el sistema de justicia", precisó Wilman Terán, titular del Consejo de la Judicatura. Ahora, dentro del término de 15 días tras la notificación de la sentencia el Gobierno debe entregar los recursos económicos.
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En la acción de protección, Terán planteó que la Presidencia solicite a Finanzas que consigne los USD 265,6 millones del déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023.
En el CJ se indicó que la decisión judicial marca un hito histórico en la defensa de los derechos de la gente, la garantía en el acceso a la justicia y en la consolidación del sistema judicial. Una vez que la Judicatura reciba esa cantidad de dinero, espera que se agilicen los procesos en los que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente sus pensiones alimenticias.
También se solventarán se mejorará la situación de los trabajadores que esperan años para acceder a sus prestaciones. "Existen partidas de jueces y juezas que no han sido fondeadas. Hay problemas en la infraestructura judicial y jueces han fallecido sin recibir jubilaciones".
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