El juicio político a Lasso se basa en una carta imprecisa y un informe de Contraloría que no apunta a un delito
El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso llega al cuarto día de comparecencias, en la Comisión de Fiscalización con acusaciones entre ambas partes.
En el segundo día, 19 de abril, el exgerente comercial de Flopec, Oswaldo Rosero, presentó una línea de tiempo del manejo de esa empresa pública y el contrato con Amazonas Tanker. El enjuiciamiento al Primer Mandatario es por una supuesta responsabilidad política por peculado.
La oposición mantiene la teoría de que el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, le informó al presidente Lasso que fue desvinculado de la empresa púbica por terminar, de manera unilateral, el contrato con la empresa a cargo del alquiler de buques petroleros.
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Según la línea de tiempo presentada por Rosero, Estupiñán termina unilateralmente el contrato el 1 de febrero de 2022. Un día después, el directorio le pide cuentas, pero no se presenta, ahí resuelve solicitarle la renuncia.
Sin embargo, el exgerente de Flopec desiste de esa decisión y vuelve a una etapa de renegociación con Amazonas Tanker, que se presenta en un plan el 7 de marzo. Dos días después, al no recibir la renuncia de Estupiñán, el directorio le destituye y cuando sale del cargo no deja un informe de gestión.
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Para Rosero, es falso que la razón de la salida de Estupiñán fue por el término del acuerdo, porque "estaba en plena renegociación".
Sobre si era conveniente o no terminar con el contrato de manera anticipada, el funcionario Christian Panchi, exgerente y asesor en FLOPEC, dijo que el lucro cesante era de $85 millones.
La Contraloría no recomendó la terminación del contrato
El tercer día de comparecencias fue para escuchar a los funcionarios de la Contraloría.
Mesías Arroyo, director Nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría, dijo que el informe elaborado sobre el contrato de Flopec y Amazonas Tanker no concluía una responsabilidad penal y al ser consultado si apuntaba a peculado respondió que no.
Pero incluso si el informe señalaría responsabilidad penal, era contra los funcionarios que participaron de enero a diciembre de 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno.
El funcionario explicó, sin embargo, que sí hubo un primer borrador con indicio de responsabilidades penales, aunque después se encontró que no había suficiente sustento. Desde el correísmo pidieron que se incluya ese documento.