El CPCCS tiene 14 años de vigencia y nueve ha estado bajo el control del correísmo
En tiempos de la Revolución Ciudadana y la Asamblea Constituyente, el correísmo incorporó la función de Control Social representada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), centro de la agotadora disputa política y conceptual que libra el país en los últimos 14 años.
La Constitución aprobada en Montecristi puso entre las competencias de este organismo, la designación de 23 cabezas de los organismos de control, bajo el argumento de que así se despolitizarían esos cargos.
Nada más ajeno a la realidad, pues en los nueve años los que el correísmo comandó esta entidad, a través de varios períodos, se nombraron autoridades afines a ese gobierno, liderado entonces por Alianza PAIS.
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Por ejemplo, el Cpcss eligió por dos ocasiones a Carlos Pólit, como Contralor. No solo que con sus auditorías protegió al régimen de Rafael Correa, sino que también es procesado por lavado de activos en Estados Unidos.
También eligió a los fiscales Galo Chiriboga (2011) y Carlos Baca (2017). El primero no avanzó en las investigaciones del caso Odebrecht, que se trataba de una red de corrupción de altos mandos del correísmo, y del fiscal Carlos Baca, destituído por la Asamblea por incumplimiento de funciones.
Durante los nueve años de control del correísmo se renovó en dos ocasiones el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los presidentes de esa entidad fueron cuestionados por su cercanía con ese régimen.
Una Consulta Popular rompió la hegemonía del entonces movimiento verde flex que respaldaba a Correa.
El 4 de febrero de 2018, la consulta impulsada por el entonces presidente Lenin Moreno, incluyó una pregunta para enmendar la Constitución, reestructurar el Cpccs, evaluar y dar por terminados los periodos de las autoridades de control.
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Desde entonces, Correa ha acusado que el organismo de control se volvió un instrumento de apoyo a Moreno y al presidente Guillermo Lasso.
El Cpccs de transición, encabezado por Julio César Trujillo, designó las nuevas autoridades que inician investigaciones contra actos de corrupción del gobierno de Correa.
Por ejemplo, se designó a la fiscal Diana Salazar. También se cambió a los vocales del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y los jueces constitucionales. Tras la muerte de Trujillo, Eduardo Mendoza lo subrogó hasta dar paso a los nuevos consejeros que, por decisión popular, debían ser elegidos en elecciones.
El Consejo debe desaparecer, indican
Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, indica que el Consejo debe desaparecer. Para él, no ha cumplido la misión de incentivar la participación ciudadana en la toma de las decisiones y se ha convertido en un botín politico de los gobiernos de turno.
Pese a que se intentó que el Cpccs recupere la idea de estar conformado con ciudadanos sin vinculaciones con la política partidista, no ha sido posible ver esa independencia. Tanto en los procesos de designación como en los procesos por votación popular se observan relaciones de los consejeros con el poder.
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Vocales correístas también pasaron por el Cpccs
Otras figuras del correísmo estuvieron como consejeros. Edwing Jarrín fue vicepresidente del Cpccs en el periodo 2015-2018. Antes, fue asesor del Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos y, meses después, subsecretario de Coordinación Política y Viceministro de Gobernabilidad. Hoy está autoexiliado en México.
También Tania Pauker, quien antes de ser vocal del Cpccs, un organismo que debía tener representantes de la ciudadanía sin afinidad política, fue asesora de despacho de la Vicepresidencia, asesora del Ministerio Coordinador de Patrimonio, subsecretaria de coordinación política, del Ministerio del Interior. Todo durante el correísmo.
Un Presidente sentenciado por corrupción
José Carlos Tuárez, primer presidente del Cpccs electo en votación tras los cambios por Consulta Popular, estuvo tres meses en funciones. Fue sentenciado por un Tribunal en Guayas en 2020 tras una investigación de la Fiscalía que reveló una red de asociación ilícita para la venta de cargos públicos.
Un experto en artes marciales y con discapacidad del 81% fue Presidente
Tras trece meses en el cargo, Christian Cruz fue destituido por la Asamblea Nacional. Él, cinta negra en karate, fue interpelado por tener un carné que otorga el 81% de discapacidad visual y auditiva, una licencia de conducir tipo E (apropiada para camiones). En 2020 se dio a conocer que personas, entre ellos políticos y jueces, consiguieron carnés de discapacidad de forma fraudulenta para obtener beneficios tributarios, entre ellos, la adquisición de vehículos de alta gama del extranjero.
26 sesiones interrumpidas con excusas dudosas
Tras perder la mayoría en el Cpccs, Sofía Almeida usó herramientas para suspender en 26 ocasiones las sesiones del Pleno, lo que provocó la inacción del organismo para la selección de autoridades. Para justificar las suspensiones dijo que, por ejemplo, no había Internet, que no había condiciones para continuar la sesión o que había discusiones.
Consejeros correístas entrarán el 15 de mayo al Cpccs.
Tras las últimas elecciones, del 5 de febrero del 2023, tres de los siete nuevos consejeros del Cpccs están ligados al correísmo. Augusto Verduga, Yadira Saltos, y Alembert Vera son afines al expresidente Rafael Correa. El último, incluso fue abogado del expresidente en el caso El Universo.
Estarán al frente del Cpccs hasta mayo del 2027. Una de sus principales funciones será escoger a las autoridades de control.