El cambio de autoridades en la Asamblea provoca mayor interés por ciertas comisiones

Las comisiones de Fiscalización, Justicia o Régimen Económico de la Asamblea son las más apetecibles para las diferentes bancadas.
Los miembros de la Comisión de Fiscalización el 20 de abril, a propósito de las comparecencias por el juicio político contra el presidente Lasso.()
02 may 2023 , 07:02
Redacción

El próximo 14 de mayo, tal como establece la Constitución y la ley, cambiará la estructura de la Asamblea, tanto en las autoridades principales: presidente y miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL); como en la integración de las comisiones especializadas permanentes, que se definiría en la siguiente sesión.

En 2021, cuando se conformó esta Asamblea, se designaron a los legisladores que integraron cada comisión para un periodo de dos años, que culmina en 2023; sin embargo, la Ley de la Función Legislativa establece que podrán permanecer en la misma mesa los siguientes dos años, o sea, hasta 2025.

Esa facultad no rige para la Comisión de Fiscalización y Control Político, una de las más deseadas, que deberá obligatoriamente reorganizarse.

¿Cómo se integrarán las comisiones de la Asamblea?

Todos los asambleístas, excepto quien sea escogido como presidente, tienen que pertenecer a una de las comisiones, integradas por nueve parlamentarios, menos la de Justicia y estructura del Estado en la que participan 10.

Estas son las comisiones establecidas por ley:

  • Justicia y estructura del Estado.
  • Derecho al trabajo y a la seguridad social.
  • Régimen económico y tributario.
  • Desarrollo económico, productivo y la microempresa.
  • Relaciones internacionales y movilidad humana.
  • Biodiversidad y recursos no renovables.
  • Soberanía alimentaria y desarrollo del sector agropecuario y pesquero.
  • Gobiernos autónomos, descentralización, competencias y organización del territorio.
  • Educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.
  • Derecho a la salud y deporte.
  • Transparencia, participación ciudadana y control social.
  • Garantías constitucionales, derechos humanos, derechos colectivos y la interculturalidad.
  • Soberanía, integración y seguridad integral.
  • Protección integral a niños, niñas y adolescentes.
  • Fiscalización y control político.
  • La conformación se mociona en el Pleno y se aprueba con 70 votos, es decir, la mayoría absoluta. El presidente y vicepresidente de esas mesas legislativas se escogerán de entre sus miembros, bajo criterios de paridad de género.

    Lo complejo es ponerse de acuerdo

    En 2021, cuando había una mayoría oficialista, que puso a Guadalupe Llori en la Presidencia del Legislativo, se necesitó tres días para acordar la conformación de las comisiones.

    Finalmente se concretó el 20 de mayo 'con las justas'. Los asambleístas de Pachakutik, Ricardo Vanegas y Bertha Sánchez, no querían votar a favor de la moción propuesta por un integrante de su misma bancada: Darwin Pereira.

    Luego de definir los grupos de asambleístas, viene la negociación por quién liderará cada comisión. En 2021, por ejemplo, se conoció que parte de los acuerdos era que CREO consiga la presidencia de la Comisión de Régimen Económico; sin embargo, a último momento se escogió a la asambleísta Mireya Pazmiño.

    Esas negociaciones coinciden también con el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, que llegaría a votarse en el pleno luego del 14 de mayo, es decir ya cuando haya nuevas autoridades en el CAL.

    ¿Por qué tanto interés en ciertas comisiones legislativas?

    La función de las comisiones especializadas permanentes es tramitar las iniciativas legislativas o de reforma, de acuerdo con las temáticas y naturaleza de las comisiones.

    En ese sentido, por ejemplo, la comisión de Justicia tiene en sus manos las reformas relacionadas a la función judicial; mientras que por la de Régimen Económico deben pasar las propuestas tributarias.

    La de Fiscalización es responsable de las solicitudes de enjuiciamiento político a las autoridades estatales, que pueden terminar en la destitución y censura de los funcionarios. Luego del tratamiento correspondiente deben emitir un informe no vinculante al Pleno.

    En la situación política actual, todo el escenario se acomodará de acuerdo a lo que ocurra en el juicio político al Primer Mandatario.

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