Ecuador condena a Daniel Ortega por retirar la nacionalidad a 135 nicaragüenses
Ecuador, Costa Rica y República Dominicana lamentaron que el Gobierno de Nicaragua le haya quitado la nacionalidad a 135 personas que estaban presas en el país centroamericano, pero que fueron liberadas y expulsadas hacia Guatemala.
En un comunicado, los tres países integrantes de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, deploraron la decisión "arbitraria e ilegal" del régimen de Daniel Ortega. Panamá también forma parte del grupo, pero no se adhirió al mensaje.
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El pasado 10 de septiembre se conoció que las autoridades judiciales de Nicaragua despojaron de la nacionalidad nicaragüense a 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala cinco días antes. Además, la Administración de Ortega ordenó el decomiso de sus bienes.
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por los sandinistas, informó en una nota de prensa que la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución judicial "ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense".
El grupo de desnacionalizados también incitó y promovió "la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional", según la sentencia.
Entre los excarcelados, enviados a Guatemala y ahora declarados apátridas se encuentran el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, el dirigente estudiantil Jasson Salazar, entre otros.
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También 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, por los que abogó Washington.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".