Ecuador bajo ataque: ¿es viable detener el proceso del cierre de la explotación petrolera en el Yasuní Bloque 43 ITT?

En agosto de 2023, la mayoría de ecuatorianos que ejercieron su voto en las elecciones de primera vuelta presidencial y consulta popular, decidieron que el petróleo que está bajo las entrañas de una parte del Parque Nacional Yasuní se quedé ahí.

Para entonces, se consulto a los ecuatorianos para decidir el futuro de la extracción petrolera, y el voto por el Sí para cesar la actividad del Bloque 43-ITT ganó con el 58,95 % frente al 41,03 % del No. Esto, en palabras cortas, significa dejar de extraer crudo en una de las zonas más biodiversas del planeta. Una decisión que el mundo vio con buenos ojos, pero que al país le restaría ingresos, según algunos analistas.

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Vamos por partes. De acuerdo a versiones de la estatal Petroecuador, con el petróleo que sale del Yasuní (ITT-43), el cuarto yacimiento más productivo del país y el más joven, se generaban casi 55 000 barriles diarios de petróleo, lo que fue considerado como un importante aporte.

De hecho, previo a la consulta popular, el ministro de Energía del gobierno de Lasso sostuvo que dejarlo bajo tierra sería perjudicar al Estado en el presupuesto anual y los cálculos de esa cartera ministerial proyectaban que el país podría dejar de percibir unos USD 16 500 millones en los próximos 20 años.

Pero se impuso el Sí y con ello, el plazo de un año para que Petroecuador pueda desmantelar las instalaciones en las que se invirtieron alrededor de USD 1 900 millones, tomando en cuenta que el proceso de desmantelación llegaría a costar alrededor de USD 600 millones, se dijo desde la gerencia de la estatal petrolera en agosto de 2023.

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Eso implica el cierre del campo, sellado de los pozos, desmantelamiento de las instalaciones y el desarmado de tuberías con impactos ambientales perjudiciales. También se hizo la estimación de USD 251 millones en pérdida de empleo causada por el cese de operaciones y la resolución de contratos con empresas nacionales e internacionales que prestan servicios en la operación a la compañía pública.

Tampoco es menos importante mencionar, que en medio de los resultados, hubo dos provincias amazónicas en contraposición, es decir, se pronunciaron a favor de la explotación del petróleo, Orellana y Sucumbíos.

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Ahora bien, el tiempo corre y faltan menos de ocho meses para que el Gobierno efectué todo el proceso de desmantelamiento. Pero esto podría tomar un giro ya que desde la Asamblea buscan la continuación de la extracción petrolera en el Yasuní.

Esto surge ante la falta de dinero para enfrentar el déficit fiscal y la crisis de inseguridad, por ello, las miradas apuntan a mantener la explotación del petróleo en el Bloque 43 ITT.

En el Partido Social Cristiano (PSC) plantean una nueva consulta para mantener la explotación. La tienda política cree que así se podría utilizar el dinero únicamente para seguridad, salud y educación. El Gobierno requiere USD 1 100 millones para mantener operativas las fuerzas del orden e implementar sistemas de inteligencia.

"Si logramos que esos recursos sean invertidos exclusivamente en seguridad, educación y salud ya tendría sentido, y es una pregunta que se puede incluir (en la consulta popular)", dijo Jorge Acaiturri, asambleísta PSC.

En la Revolución Ciudadana analizarán esta noche la propuesta del expresidente Rafael Correa de que se mantenga la explotación en el Yasuní durante un año más en lugar de imponer más impuestos a la gente, expicó Alexandra Arce, asambleísta del movimiento correísta, "no vamos a dar declaraciones sin un sustento técnico y jurídico que pueda avalar la propuesta que vamos a hacer".

En Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento del presidente Daniel Noboa, aún no se discute esta posibilidad.

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¿Pero es posible detener la voluntad ciudadana y continuar explotando el Yasuní?

Abogados constitucionalistas indican que solo hay un camino para continuar con la extracción de crudo en una parte del Parque Nacional Yasuní. André Benavides lo aclara, y explica que solo se debe hacerse mediante consulta al mismo pueblo que ya tomó una decisión.

"Si lo que se pretende es modificar el alcance de la consulta popular de 2023 respecto del Yasuní, o lo que se pretende es dejarla insucsistente, el camino es una nueva consulta popular", André Benavides, constitucionalista.

Los políticos en la Asamblea Nacional coinciden que esta medida podría reemplazar el alza del IVA del 12 al 15 % que propuso el Gobierno para su plan de seguridad, algo que no es visto con buenos ojos desde los colectivos medioambientalistas que impulsaron la consulta a partir del año 2013.

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Para Fernando Muñoz-Miño, del colectivo Yasunidos, causa mucha preocupación que frente a las necesidades económicas del Estado, se vea como alternativa irrespetar la voluntad popular del pueblo, dice.

Además, añade que "no debe ser pensando ni como una moratoria del cumplimiento de la consulta popular utilizando un marco de terror y miedo generalizado para condicionar la opinión del pueblo ecuatoriano y preguntar algo frente a lo cual, el pueblo ecuatoriano se pronunció de manera contundente con casi el 60 % diciendo sí a la preservación de la naturaleza".

"Estamos en contra y vemos como una grave amenaza siquiera que se esté discutiendo esto como alternativa cuando comprendemos y conocemos con argumentos que existen otras alternativas que ni siquiera se están valorando y que son importantes de considerar", dice Fernando Muñoz-Miño, Yasunidos.

Sobre las alternativas, menciona, por ejemplo, "una elevación al impuesto a la salida de divisas y que es algo que también otros sectores ya han insistido".

También dice que se debe poner énfasis en el cobro de las deudas en firmes del sistema de recaudación de impuestos del SRI que superaba, para el año 2023 los USD 400 mil, "o por ejemplo también, contribuciones especiales específicas a la renta", explica Muñoz-Miño.

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El ambientalista dice que Yasunidos elaboró un documento en el marco de la campaña que se llama el plan Yasuni, "donde hay 10 alternativas para pensar esta transición ecológica justo con principios de justicia fiscal que creemos que es la alternativa para precisamente responder a la crisis".

Desde este frente, manifiesta Fernando Muñoz-Miño, están haciendo el seguimiento del proceso para el cumplimiento del dictamen de la Corte que fue en mayo del anterior año para que se cumpla una vez que en agosto se decidió que sí a la pregunta planteada para no tocar el petróleo en esa parte del país.

El presidente Noboa dice que se busca una moratoria para el ITT

Durante una entrevista realizada para el medio Teleamazonas la mañana de el lunes 22 de enero, Daniel Noboa dijo que es posible pensar en una moratoria es un camino viable, porque la sitaución actual lo amerita, "estamos en guerra, no estamos en la misma situación que hace dos años", dijo el presidente.

"Es esencial que se acompañe con una moratoria", expresó el mandatario, haciendo énfasis en que los números relacionados a la violencia han disminuido. Por ello, explicó que ahora necesita ingresos hasta que pasé el momento difícil, y ante la pregunta de ¿por cuánto tiempo sería la medida? Noboa respondió que al menos por un año debe ser la moratoria, pero que debe consultarlo con los expertos, sentenció.

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